'La condena de cárcel a los Hammerskin apunta directamente al Real Madrid'

"Es un día muy importante para la justicia en España, eso está claro. Y mucha gente tiene que empezar a darse por aludida. Por ejemplo, el Real Madrid: varios de los condenados han formado parte todos estos años del grupo Ultras Sur, y ahora han sido condenados a penas de prisión. Esto tiene que hacer reflexionar a los dirigentes del Real Madrid, la condena les apunta directamente".Lo dice Esteban Ibarra, lider de Movimiento Contra la Intolerancia, que ha conseguido esta semana uno de los mayores hitos en la lucha en España contra las nuevas formas de fascismo: la condena a penas de cárcel, de entre año y medio y dos años y medio de prisión, a 15 miembros de la rama española de la 'multinacional' nazi Hammerskins, y la disolución del grupo en nuestro país.

"En el juicio quedó muy clara la vinculación del grupo con Ultras Sur, y esto tiene que hacer reflexionar a los dirigentes", dice Ibarra. En las vistas en la Audiencia Provincial, uno de los testimonios principales fue el de Antonio Salas, que se infiltró en un grupo neonazi para escribir su 'best seller' 'Diario de un skin'.Salas dibujó una clara ligazón entre Hammerskins y Ultras Sur, hasta el punto de que afirmó que varios de los entonces acusados y hoy condenados formaban parte de ambos colectivos. Además, explicó cómo acompañó a varios de estos neonazis a dar hasta 50 palizas por noche por la geografía madrileña, y después a reunirse para celebrar sus 'trofeos': vestigios de la agresiones.La condena a la que ha dado firmeza el Supremo esta semana fue en su momento, cuando la dictó la Audiencia Provincial de Madrid, pionera: fuela primera ocasión en que se aplicaba el artículo 515.5 del Código Penal, que castiga la asociación para discriminar y odiar por motivos de raza, ideología y género.

El Mundo

Una funcionaria admite que cobró por dar papeles a extranjeros para pagar sus deudas

Una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid acusada de facilitar, a cambio de entre 2.000 y 5.000 euros, documentos falsos a veinte extranjeros para que pudieran conseguir permisos de residencia, ha reconocido este miércoles los hechos pero ha alegado que fue porque estaba acuciada por deudas.

En el primer día del juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial, Ana María L.V. ha asegurado que se arrepiente de todo y que "siente mucho" haber llegado hasta "aquí".La mujer ha resaltado que llevó a cabo los hechos por las deudas que tenía, entre ellas, el pago de una hipoteca y lasintervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para perder peso. Por ello, se enfrenta a una pena de doce años de prisión por los delitos continuados de falsedad documental y cohecho.

El Ministerio Público señala en su escrito provisional que Ana María L.V., alteró hasta en treinta ocasiones los datos informáticos de inmigrantes para facilitarles la obtención de permisos de residencia y cobró alrededor de 60.000 euros.

Ana María L.V., ha recordado que entre 2005 y 2007 trabajaba como auxiliar administrativa para el Ministerio del Interior en la Brigada de Extranjería madrileña y que realizó "trámites irregulares para extranjeros" que consistieron en modificar o recoger documentos, necesarios para la obtención del permiso de residencia, sabiendo que éstos eran falsos.

En el banquillo de los acusados también se sientan otras tres personas -Lester Donnie M.L., Virgilio S.L. y Ashley H.P.-, de nacionalidad venezolana, dominicana y cubana, respectivamente, por supuestamente captar a los ciudadanos extranjeros.

Para ellos, el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión por un delito de cohecho, aunque sus letrados han negado "la colaboración activa" con la funcionaria por desconocer su cargo, y "la voluntad de lucrarse".

En cuanto a la quinta procesada, Alejandra L.P., a la que también se pide 5 años de cárcel y que es una abogada experta en temas de extranjería, su letrado ha dicho que no existen pruebas que la incriminen como intermediaria de los inmigrantes haciéndoles creer que la entrega del dinero era un requisito necesario.

20 Minutos

El Defensor del Pueblo pide que la Policía no gestione los centros de internamiento de extranjeros

La responsable en funciones del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha propuesto ante el Foro de la Nueva Sociedad una batería de medidas, que a su juicio, deberían adoptarse para mejorar las garantías en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como la sustitución de los policías que los custodian por trabajadores sociales.

Según De Llano, "no se puede tener a la policía todo el día allí dentro", primero pensando en los propios agentes, a quienes "se carga" con una tarea que"no están preparados" para desempeñar y, segundo, porque los internos no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, "como puede pasarle a cualquiera que va a un país en situación irregular", según recogió Europa Press.

La Defensora aclaró que no defiende el cierre de los CIE, que dependen del Ministerio del Interio, sino por su transformación y por el desarrollo de un reglamento o ley reguladora y de garantías que los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE no han acometido desde el año 1999. De ese año data la orden ministerial por la que se rigen actualmente.

"Todos los países tienen centros de internamiento en los que los extranjeros pendientes de expulsión pueden estar más o menos tiempo", apuntó la responsable del Defensor. "En algún sitio habrá que tenerlos, pero el lugar debe estar controlado y tener unas condiciones sanitarias buenas", agregó. Denuncias Los CIE, acumulan denuncias juidiciales y ante el Defensor del Pueblo de ONG como SOS Racismo, Ferrocaril Clandestino o Médicos del Mundo por las condiciones en las que se somete a sus reclusos.

En diciembre de 2011, la ONG jesuíta Pueblos Unidos alertó de situaciones de "maltrato generalizado" y "trato vejatorio" en el centro situado en Aluche, en Madrid capital. Según su informe 'Miradas tras las rejas', elaborado a partir de testimonios de reclusos, familiares y los agentes sociales y abogados que les asistían, las "torturas" y el "maltrato" se repetían con frecuencia.

Entre otras situaciones, la ONG señalaba la existencia de "castigos colectivos" y conductas de abuso como obligar a los internos a pedir permiso a sus vigilantes para ir al baño, ya que no existen urinarios en las celdas. También advertía de la existencia de 'puntos ciegos' donde no existen cámaras de vigilancia que permitan observar a internos y agentes. Una semana después de que el informe se hiciese público, el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid (uno de los tres que actúan en funciones de vigilancia del CIE) emitió un auto en el que reflejó el "palmario hacinamiento" de las celdas y la ausencia de instalaciones médicas.

En opinión del magistrado, las habitaciones de retención eran "absolutamente inapropiadas" para albergar personas enfermas. El auto fue realizado a raiz de la muerte de una de las internas, afectada de meningitis. Falta de asistencia médica Cava de Llano hizo referencia este miércoles a esas denuncias al poner sobre la mesa la necesidad de solucionar la "sobreocupación" de algunos CIE y "la cuestión sanitaria, que deja mucho que desear". Para la responsable, existen carencias como la falta de asistencia durante los fines de semana o la inexistencia de un registro de solicitantes de atención. La titular del Defensor del Pueblo también reclamó la colocación de cámaras de vigilancia "en todas partes para saber lo que está pasando". La inexistencia de las mismas, agregó, ha provocado situaciones como que la institución que encabeza no haya podido comprobar las denuncias de malos tratos en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, porque el lugar donde supuestamente se había producido no tenía video vigilancia.

20 MINUTOS/MADRID