jueves, 27 de junio de 2013

Expulsado ilegalmente de España dos veces siendo menor

Mohamed Camara fue desterrado clandestinamente en noviembre de 2012 a Marruecos, estando tutelado por la Consejería de Bienestar Social de Melilla y acogido en un Centro de Menores.
Tras varios intentos fallidos, logró entrar en la bahía de Melilla en patera a mediados de marzo, pero volvió a ser echado de forma irregular y deportado posteriormente a Argelia donde sufrió abusos.
Desde hace tres meses espera en los campamentos cercanos a Nador, sin dinero y exhausto tras decenas de intentos de volver a Melilla, que prospere la denuncia presentada ante la Justicia española en la que dice confiar a pesar de todo.


Él asegura que no pierde la esperanza y que, a pesar de todo lo que le ha sucedido, confía plenamente en la justicia española. Pero, durante las casi dos horas de caminata desde Tauima (pequeña población a las afueras de Nador, en el norte de Marruecos) hasta el asentamiento de inmigrantes donde vive, al joven Mohamed Camara se le nota cada vez más cansado, delgado y apático.

Mientras, en España siguen sin depurarse responsabilidades y las diligencias judiciales parecen haberse atascado en referencia a la denuncia que el propio Mohamed presentó -gracias a la intercesión de las ONG Prodein, Areas y Caminando Fronteras- en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Melilla, tras ser expulsado ilegalmente de tierras españolas en dos ocasiones siendo menor de edad, la primera de ellas estando tutelado por la Ciudad Autónoma de Melilla y acogido en un centro de menores de dicha localidad.
Desde que el pasado 20 de abril cumpliera la mayoría de edad ya no le ampara la protección especial que tanto la legislación española como las leyes internacionales dictan sobre los menores. Además, han pasado casi tres meses desde que se interpusiera la pertinente denuncia y no parece que se estén haciendo todos los esfuerzos posibles para esclarecer los hechos y restituir el gran daño infligido a este adolescente guineano.
Todo esto va haciendo mella en una persona que ha intentado entrar tantas veces a Melilla que dice haber perdido la cuenta. Un chico que ha sido deportado violentamente a Argelia en cuatro ocasiones; al que le han despojado de sus objetos personales seis veces; y que ha agotado ya todos sus recursos económicos y los de sus familiares, amigos y conocidos para probar suerte en una nueva tentativa de pisar suelo español.
Primera expulsión ilegal estando tutelado en España
Mohamed Camara nace en Conakry, capital de la República de Guinea, el 20 de abril de 1995, en el seno de una familia muy humilde, siendo el segundo de tres hermanos. Buen estudiante y deportista, destaca por su facilidad para los idiomas, llegando a hablar hasta cinco; así como por su buena condición física, que le lleva a soñar con llegar un día a jugar en el Barça, su referencia futbolística en Europa, o incluso a poder igualar algún día las marcas del velocista jamaicano Usain Bolt, su ídolo del atletismo.
“En mi país no hay absolutamente nada”, comenta el joven. “Es un país muy pobre. Allí, ahora, sólo tengo a mi hermana pequeña (de 14 años) y a mi madre. Y yo siempre quise salir para intentar tener un poco de dinero y poder rehacer mi vida, vivir mis sueños”.
Su afán por querer mejorar le llevó a realizar un viaje de siete meses hasta lograr entrar en Melilla, después de varios intentos fallidos, en marzo de 2012, cuando tan sólo contaba con 16 años de edad. La Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de Melilla confirma, en un escrito remitido al Defensor del Pueblo, que Camara estuvo tutelado por dicha entidad “desde el 28 de marzo de 2012”, permaneciendo ingresado “en el Centro de Menores ‘La Purísima’”.
Mohamed, acompañado por amigos del centro de acogida, muestra sus medallas deportivas en julio del pasado año
Mohamed, acompañado por amigos del centro de acogida, muestra sus medallas deportivas en julio del pasado año 
Durante su estancia en España bajo tutela institucional, Mohamed aprende rápido la lengua española y se entusiasma con el mundo medioambiental en las clases de jardinería que recibe en  la Granja Escuela ‘Gloria Fuertes’. Destaca considerablemente en deportes, consiguiendo medalla en todas las competiciones de atletismo y fútbol a las que le dejan apuntarse.
Hace buena amistad con Ibrahima Sare, un chico burkinés dos años menor que él, con el que comparte lengua materna, aficiones y, sobre todo, color de piel. Consiguen hacer piña y se defienden mutuamente de los constantes enfrentamientos con los menores magrebíes que son mayoría en los centros de acogida en Melilla.
Muchas veces, para sentirse un poco más en casa, o al menos en un ambiente menos hostil, recorrían a pie los escasos 500 metros que separan el Centro de Menores del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), donde la mayoría de los internos son, al igual que ellos, de origen subsahariano. La mañana del 14 de noviembre de 2012 hicieron este camino juntos por última vez.
Según el relato de los menores, cuando se encontraban ya a las puertas del CETI, una persona que se identificó como “inspector” les instó a que subieran a un vehículo y les condujo hasta la valla de seguridad que separa a la ciudad autónoma de Marruecos donde, según afirman, fueron entregados a agentes dela Guardia Civil, quienes tras abrir una de las puertas de la valla, cerca del paso fronterizo de Mariuari, les obligaron a pasar al lado marroquí.
“Nos preguntaron cómo habíamos entrado a Melilla y nos exigían que les diéramos nombres de los ocupantes, color y marca del vehículo en el que decían que habíamos entrado”, relata Mohamed. “Les repetimos que no éramos nuevos, que vivíamos desde hacía meses en el Centro de Menores. Pero no nos creyeron. Ibrahima llevaba más de un año en Melilla, estudiaba en un instituto y hablaba perfectamente español, pero no quisieron creernos. Estaban decididos a echarnos, dijéramos lo que dijéramos”
Una carta anónima remitida a la organización Pro Derechos de la Infancia (Prodein) y presentada como documento anexo a la denuncia asegura que los jóvenes fueron expulsados entre las 11:00 horas y las 13:00 horas en la zona de la alambrada señalizada como A13-A14 y, además de dar los nombres de los guardias que participaron en esta expulsión ilegal, asegura que toda la acción “quedó recogida a través de las cámaras de vigilancia del perímetro fronterizo, las cuales son gestionadas por la Comandancia de Melilla”.
Una vez en manos de dos gendarmes de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, éstos les dijeron que se alejaran del lugar y corrieran hacia los campamentos del monte Gurugú si no querían recibir una paliza. Allí permanecieron varios días “sin nada que comer y muertos de frío y miedo”, explica Camara.
La Fiscalía General del Estado abrió entonces una investigación, ya que los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos entre los que destacarían el abandono de menores, la vulneración de la Ley del Menor, la detención ilegal y la expulsión ilegal, entre otros.
Incluso la Dirección General de la Policía emitió un comunicado en el que aseguraban que habían tenido conocimiento de que ambos menores se encontraban en la localidad marroquí de Nador, a través del Defensor del Pueblo, quien habría requerido ala Jefatura Superior de Policía de Melilla “el reintegro” de los menores en el Centro de Acogida.
La Policía española pidió a la marroquí que localizase a los chavales y se los entregase en el paso fronterizo de Beni Enzar, pero se negó rotundamente a ello. Entonces, según relata Mohamed, un policía adscrito al Consulado de España en Nador, acompañado por otros dos agentes, se reunió con los menores en el aparcamiento del supermercado Marjane, a las afueras de Nador, para ofrecerles una vía alternativa de entrada a Melilla.
“Nos dijeron que estaban haciendo todo lo posible para que entráramos a España pero que estaba siendo complicado. Dijeron que podíamos ir en taxi hasta Farhana (pequeña población limítrofe con Melilla que cuenta con un paso fronterizo habilitado) y que, una vez allí, ellos no nos pondrían problemas para entrar”, explica Mohamed. Una maniobra difícil ya que “no tenemos dinero para coger un taxi”. Además, “somos negros e ilegales, ningún taxi nos pararía e incluso podría avisar a la policía”. Por si fuera poco, “decían que debíamos correr para evitar que nos atrapara la policía marroquí de frontera. Pero, ¿Y si nos cogía? Habría sido un suicidio”.
El 10 de diciembre de 2012, tras casi un mes sobreviviendo en pésimas condiciones, Ibrahima, de 14 años, fue interceptado, junto con otros 14 chavales, intentando acceder de manera irregular a Melilla en una pequeña embarcación y desde entonces permanece acogido de nuevo en Melilla, primero, en el Centro de Menores de La Purísima y, luego, debido a alguna irregularidad administrativa que todavía estudia el Defensor del Pueblo, en el centro de inmigrantes adultos (CETI).

Segunda expulsión ilegal y deportación a Argelia
Mohamed quedaba entonces solo, sin su compañero de batallas. Pero, Ibrahima le dejó un buen puñado de amigos y contactos, entre ellos un primo suyo, que ayudaron a Mohamed y le financiaron los dos intentos de entrada por mar a Melilla entre diciembre y enero. Aunque la suerte no le acompañó en ninguno de los dos viajes en lancha.
El pasado 15 de marzo, Mohamed se subía a un bote de pesca junto con otros 13 compañeros y recorrían los pocos kilómetros que separan la bahía de Nador de la de Melilla. Ya estaban frente ala Playa de los Cárabos, a escasos metros de la costa española cuando la Guardia Civil interceptó la embarcación.
“Estábamos a 20 metros de la playa”, asegura el joven guineano. “Pararon el bote y nos dijeron que querían ayudarnos. Que iban a llevarnos al puerto de Melilla para asistirnos”.
Entonces, tres guardias civiles amarraron la embarcación a una zodiac del Instituto Armado y la remolcaron fuera de la bahía y, aprovechando la nula visibilidad desde la ciudad, tras las escolleras y el rompeolas del puerto, sus ocupantes fueron repartidos en embarcaciones neumáticas con motores fueraborda de gran cilindrada y conducidos a los límites marinos de España por la zona norte de la ciudad.
Tanto la embarcación como los jóvenes fueron entregados a las Fuerzas Auxiliares marroquíes que les condujeron a un destacamento militar próximo a la frontera norte con Melilla.
“Yo les dije quién era y les conté toda mi historia resumida. Les dije que era menor y que había estado ocho meses acogido en Melilla. Les conté que ya me habían expulsado a Marruecos una vez pero que la Policía me dijo que podía volver”.
Mohamed asegura que, tras su declaración, fue interrogado por tres guardias que le hicieron varias preguntas y le tomaron fotografías del rostro. Uno de ellos, según declara el joven, dijo a los otros que no podían expulsarle otra vez y que debían acogerle, pero finalmente sus compañeros no le hicieron caso.
Tras ser devuelto por segunda vez de manera ilegal a Marruecos, pasó un día entero encerrado en unas dependencias para inmigrantes irregulares “sin comida y sin agua” y después fue conducido hasta la frontera de Oujda y expulsado a Argelia.
“Allí la policía argelina nos pegó y nos quitó todo lo que llevábamos: papeles, teléfonos móviles, dinero, todo. Luego nos obligó a dar la vuelta y a volver a Marruecos”, relata.
Los guardias interrogan a Mohamed Camara antes de expulsarlo de manera irregular por segunda vez
Los guardias interrogan a Mohamed Camara en la embarcación antes de expulsarlo de manera irregular por segunda vez
Desde la Delegación del Gobierno en Melilla se aseguró en todo momento que la embarcación fue interceptada en alta mar, por lo que no fue una entrega irregular. Pero las declaraciones de los ocupantes de la barca, la de los melillenses presentes en ese instante en el Paseo Marítimo y varios vídeos grabados por periodistas, organizaciones y particulares, desmontan la versión oficial.

Expulsiones Ilegales de menores: algo habitual
Mohamed Camara y su historia saltaron a la palestra gracias al buen trabajo de algunas de las organizaciones que trabajan en la Frontera Sur, pero no es un caso aislado.
Las expulsiones ilegales de inmigrantes de Melilla a Marruecos y de Marruecos a Argelia son una constante que aumenta de manera directamente proporcional al incremento de la presión migratoria sobre estas fronteras.
Desde que el 20 de septiembre de 2005, José Palazón, presidente de Prodein, lograra filmar estas expulsiones sumarias y denunciarlas por primera vez ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado son cientos las denuncias públicas que distintas asociaciones y organizaciones han hecho de esta preocupante práctica ilegal.
Médicos Sin Fronteras (MSF), en su Informe sobre la inmigración de origen subsahariano en situación irregular en Marruecos, de septiembre de 2005, evidenciaba, a partir de los testimonios recogidos por sus equipos, que era indudable que la Guardia Civil (encargada de la custodia fronteriza en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) “vulnera la legislación aplicable al devolver a los inmigrantes subsaharianos interceptados en las inmediaciones de la frontera”.
La devolución a Marruecos de cualquier extranjero que se hubiera encontrado en situación irregular en dicho país contraviene, según el citado informe, “las disposiciones nacionales en materia de extranjería, puede constituir una violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y vulnera los principios básicos reconocidos por la Convención de Ginebra de 1951, en particular, el principio de no devolución contenido en su artículo 33.1.”.
José Palazón asegura que esta forma de proceder es habitual y que son muchas las expulsiones sumarias e ilegales que se cometen “incluso con mujeres embarazadas y niños, y a plena luz del día; sólo que esta vez se ha podido demostrar con fotos y vídeos”.
Igualmente, Palazón cree que “desde la Ciudad y la Delegación se está orquestando una campaña de difamación, precisamente para ocultar la verdadera violencia, que es la que ejercen las Fuerzas de Seguridad con los inmigrantes y los menores. Ha llegado un momento en el que las violaciones de derechos humanos en Melilla son continuas y las ilegalidades se cometen de forma impune y a la vista de todos y eso tiene que acabar”.
A la espera de una nueva oportunidad
Los inmigrantes subsaharianos, según un estudio de MSF de este año, conviven cerca de Melilla en grupos constituidos en función de los recursos que tienen para alcanzar el continente europeo. La población que vive en los bosques  del monte Gurugú, en Nador, es casi exclusivamente masculina, pero incluye un número significativo de menores no acompañados que no tienen dinero para pagar a las redes de tráfico de personas. Estos intentan entrar en Europa por otros medios, como por ejemplo saltando la valla o nadando hasta Melilla.
Y en otras zonas de Nador las comunidades se organizan según su relación con las redes de tráfico y trata de seres humanos; son grupos de hombres, mujeres, niños y niñas de nacionalidades diversas que esperan una embarcación u otro medio de transporte que les lleve hasta Europa. Estos son los llamados campamentos familiares.
Ahora, Mohamed Camara vive en uno de estos asentamientos, a unos 20 kilómetros de Melilla, acompañado por unas 100 personas más, la mayoría mujeres, jóvenes y niños.
Tiene que trabajar para los intermediarios y los jefes de los distintos campamentos para poder ganarse un puesto en alguna de las pateras que salgan este verano hacia las costas españolas o para intentar cruzar a Melilla incrustado en el doble fondo del salpicadero de algún coche.
Algunos de sus compañeros de campamento tienen malaria, fiebres, problemas estomacales o sufren fuertes dolores por contusiones o golpes: “Cuando enfermamos se pasa muy mal porque no podemos ir al hospital. Estamos lejos y tenemos miedo de que nos cojan y nos expulsen a Oujda”, asegura.
Suelen tener muchos problemas con la policía marroquí y las fuerzas auxiliares que, desde principios de marzo, vigilan a diario los asentamientos. Afirma que a las mujeres y a los niños pequeños no les pegan y tampoco los deportan, pero los jóvenes y los hombres tienen que escapar para no recibir brutales palizas.
“Vienen temprano para pillarnos dormidos. A las 4 ó 5 de la mañana salimos todos corriendo y nos escondemos. Ellos preguntan a las mujeres dónde están los hombres. Ellas no contestan o dicen que no hay hombres. Entonces las sacan de los campamentos. Luego nos quitan todas las cosas de valor y el resto lo queman. Ya han quemado tres veces mi campamento”, relata el joven guineano.
Mohamed, a las puertas del Centro de Menores, días antes de su primera expulsión
Mohamed, a las puertas del Centro de Menores, días antes de su primera expulsión 
Es inteligente, alto y fibroso. Desprende seguridad e irradia confianza. A pesar de vivir tirado en un monte está limpio y aseado. Las uñas son perfectas y sus gestos parecen estudiados. Tiene un rostro bello y una mirada embaucadora. Si hubiera nacido en cualquier país europeo sería seguramente un deportista de élite o un modelo de pasarela.
Habla casi a diario con su madre, Nana, ella le da “fuerzas” y le dice que debe “tener coraje y no perder la esperanza”.  Su intención, por encima de todo, sigue siendo “entrar de nuevo a España y lo voy a seguir intentando hasta que lo consiga”. Quiere volver a Melilla porque en su país “no hay futuro” y en los campamentos “todo es muy malo, no es vida”.
Así que, a pesar de que es consciente de que se ha cometido una injusticia terrible con él, sigue confiando en la justicia española y está seguro de que algún día todo se arreglará y, al final, todo esto le habrá hecho más fuerte y mejor persona.


jueves, 20 de junio de 2013

“Mientras sigan dándose políticas de criminalización, el futuro será la pervivencia de los CIE”

Entrevista con el abogado Arsenio G. Cores, especializado en derechos humanos, y con más de una década de experiencia en casos de migración y asilo.


Arsenio G. Cores lleva más de una década trabajando como abogado en el ámbito de los derechos humanos. En este tiempo ha conocido de primera mano las políticas que han obstaculizado la vida de las personas inmigrantes, solicitantes de asilo, apátridas y víctimas de trata en España. Conversamos con él sobre la legislación nacional y europea sobre los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE).

Frente a las irregularidades en que incurre la existencia de los CIE, ¿cabría la posibilidad de que algún tribunal, europeo o español, los declarase ilegales?
Hay que partir de la base de que en Europa existe una Directiva, del año 2008, conocida como Directiva de la vergüenza, que fue promovida por el Partido Socialista, que autoriza la existencia de estos centros. Lo que habría que cuestionarse es qué disfrute de derechos podrían tener las personas que se encuentran recluidas en los CIE. A día de hoy, cerrar un CIE en Europa resultaría complicado. Partiendo de las diferentes convenciones de Derechos Humanos, efectivamente podrían existir argumentos jurídicos para considerar que estos centros incurren en la ilegalidad y así posibilitar su clausura, si bien en la práctica resultaría extremadamente difícil. Sí sería factible que, por parte de algún tribunal, bien español o de otros países de la UE, se estableciese una regulación más dura para con las administraciones, evitando así que se cometan las barbaridades que a día de hoy tienen lugar en estos centros. La aspiración que tenemos, evidentemente, es el cierre total, pero a día de hoy resulta complicado, sobre todo cuando es la propia Unión Europea la que establece que existan esos centros.

Precisamente, hemos visto que, en cuestión de derechos de los internos, la situación es de un marasmo absoluto, ¿cree ud. que acabarán por regularse a nivel nacional o europeo?
Efectivamente, es un marasmo. De hecho, la Directiva establece unos plazos de retención que oscilan desde los 40 días hasta los 18 meses, lo que es una barbaridad y un sinsentido. Esta medida se tomó únicamente para poder retener a la gente en los estados en que los períodos de estancia eran indeterminados. Es una barbaridad, y tiene que ver con la criminalización de las personas migrantes. En caso de que no pudiera darse un cierre definitivo de los CIE, lo ideal sería la existencia de una reglamentación que no fuese una Directiva, sino un reglamento, sin diferencias en la restricción de derechos entre los países de la Unión Europea. Puede haber diferencias en los derechos, pero nunca en la restricción de los mismos entre los miembros de la UE. Remitiéndonos al artículo publicado recientemente por Periodismohumano sobre el caso de Josephine Thomas, que es recluida no en un centro de internamiento, sino en un centro no regulado en el que se dispone de menos derechos que la gente interna en los CIE, que a su vez suele gozar de menos derechos que las personas recluidas en una prisión. En teoría, la única restricción debería ser la de la libertad deambulatoria. Se está elaborando un reglamento para la regulación de los CIE que todavía no ha salido a la luz, y mientras tanto, disponemos únicamente de unas sentencias, en Madrid y Valencia, de los respectivos Juzgados de Instrucción que regulan someramente el funcionamiento de sus respectivos centros. Se ha publicado un informe de Pueblos Unidos que trata precisamente de esto. En definitiva, es algo que debería estar regulado, pero a nivel europeo y por medio de un reglamento. A nivel de directivas, tenemos la experiencia de lo sucedido con las Directivas de Asilo, que han dado lugar a unas regulaciones muy diferentes y a unas aplicaciones completamente distintas de un país a otro. La Directiva sólo propicia una enorme inseguridad jurídica, algo que no debería darse en los casos de restricción de derechos.

En el caso de Madrid, el expediente gubernativo 286/2012 del Magistrado Juez de Instrucción nº6 establece, en el caso de las expulsiones de los internos, que previamente se realizaban sin ningún tipo de información o garantía; que el expulsado habrá de ser avisado con al menos 12 horas de antelación, dando a conocer el número de vuelo, hora de llegada, ciudad de destino, etc. sin necesidad de ser ello solicitado por el interno. El expediente de extranjería 39/2012 del Juez nº3 de Valencia establece lo propio para el CIE de Zapadores, aunque sin plazo mínimo de horas para el aviso.
¿Le consta que haya denuncias en curso contra los CIE en lo que se refiere a las condiciones de vida de sus internos o las restricciones de sus derechos?
Por lo que tengo entendido, aparte de denuncias públicas tales como las de prensa, no hay ningún proceso abierto contra ninguno de estos centros. En caso de haber alguno, se trata de procesos abiertos ante juzgados, todavía sin mayor trascendencia. De todas formas, puede ser que esté errado. Por otra parte, la situación de desconocimiento en que se encuentran los internos resulta total, así como una enorme presión psicológica derivada de una culpabilidad infundada, según la cual los internos creen no tener derechos por haber incumplido la ley. No hay que olvidar, además, de que el funcionamiento y control de los CIE dependen en primera instancia de la Policía, por lo que cualquier queja que pueda darse es directamente desestimada. Un ejemplo de cómo funcionan las cosas se da cuando un interno quiere ponerse en contacto con un abogado, con una organización o, simplemente, solicitar asilo. Para ello, el proceso pasa por rellenar un formulario y depositarlo en un buzón. En la mayoría de las ocasiones, esos formularios no llegan, pues deben pasar por el Director de Seguridad del CIE o la Oficina de Asilo para dar comienzo a los trámites. Muchas veces no llegan, y son las organizaciones las que tienen que estar pendientes de que las solicitudes de los internos sean atendidas. Existen, asimismo, espacios vacíos en los que se denuncian casos de malos tratos. Aunque ello no trascienda, indica que algo está pasando. La excusa de que se trata de personas que han delinquidono es válida. Si realmente se trata de personas condenadas y cuya pena ha sido sustituida por la expulsión, quizás no debieran estar ahí. Si se trata de personas condenadas, cuya pena ya ha sido cumplida y pendientes de expulsión, también cabría preguntarse si debieran estar ahí, o de qué manera deberían relacionarse con el resto de internos, ya que en torno al 70% de los internos son gente cuya única falta es estar en situación irregular, a los que en principio se les restringe el derecho de libertad deambulatoria, si bien en la práctica se encuentran con muchísimas más restricciones.
Podríamos decir, pues, que la atención e información de los internos corre a cargo de las diferentes organizaciones interesadas en el funcionamiento de estos centros.
Por supuesto, el régimen de los CIE no deja de tratarse de un régimen policial. Nos encontramos con celdas sin baños, colas enormes para acceder a las oficinas de renovación de permisos, edificios como el de Aluche, en el que las rejas de las ventanas se encuentran camufladas por unos paneles azules para no ser vistas desde fuera, etc. En ese contexto, es evidente que los internos no tienen ningún acceso a esa información por parte de la Policía. Fue, de hecho, gracias a los juzgados como se consiguió el acceso de las organizaciones -como ocurrió con el auto del 3 de enero de 2011 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid-, algo que anteriormente resultaba imposible.

¿Hay algún movimiento a nivel europeo por el cierre de estos centros o su existencia pasa inadvertida?
Existe desde hace años una red llamada Migreurop, con sede en Francia, que de hecho tiene localizados todos los centros de internamiento de Europa.No creo que haya una campaña como tal, pero sí una movilización de determinados sectores sociales contra la existencia de estos centros. De hecho, cuando se dictó la llamada Directiva de la vergüenza, nos encontramos con movimientos importantes en determinados países. Podemos decir que sí existe, fuera de España, la esperanza de que se de una articulación definitiva.
¿Cuál cree que será el futuro de estos centros?
Mientras sigan dándose políticas de criminalización, el futuro será la pervivencia de los CIE. En ese sentido, somos bastante pesimistas. La experiencia frente a los tribunales revela una visión bastante xenófoba de la inmigración, precisamente en el sentido de considerar a estas personas como gente sin derechos y cuya situación es justificable por alguna razón poco concreta. Así, generalmente nunca se deniega el internamiento de una persona, los recursos son denegados, las denuncias son rechazadas, etc. Frente a la Directiva vigente, la perspectiva no es halagüeña, y menos en un contexto de crisis en que todas las personas son vistas como una competencia.

¿Qué opinión le merece el Anteproyecto de Real Decreto para la regulación de estos centros en España?
Pese a que todavía no he podido tener acceso a él, cabe pensar que traerá algunas cosas buenas en el sentido de que, cuando algo es regulado, desaparece la inseguridad jurídica, y eso no deja de ser un paso hacia delante. A día de hoy, sólo hay unos seis o siete artículos en la Ley de Extranjería que regulen el funcionamiento y régimen de internamiento en los CIE, donde se establece que se podrá emplear fuerza de contención cuando la situación lo requiera, por ejemplo. No soy optimista al respecto, y menos viendo las políticas aplicadas de España en los últimos años. Lo que sí es cierto es que, aunque se regule mal, desaparecerá la incertidumbre jurídica. De todas formas, no hay motivos para pensar en el optimismo.