jueves, 14 de febrero de 2013

REPORTAJE// CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS: ¿EL DELITO? SER INMIGRANTE


La implicación ciudadana ha provocado que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hayan dejado de ser una realidad oculta para estar en el punto de mira.
Hay quien dice que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son como cárceles de inmigrantes, pero lo cierto es que sus condiciones son mucho peores y han sido denunciadas reiteradamente. Quizás, por ese motivo se ha popularizado la expresión, que parece más acertada, de “guantánamos españoles” debido a que comparten con el enclave estadounidense la invisibilidad, la ambigüedad jurídica y la violación de todo tipo de derechos.
“Es un espacio donde se retiene a las personas por no tener un permiso de residencia o de trabajo. Están encerrados como medida cautelar, no como delito. Yo siempre he dicho que son como centros logísticos donde se almacenan naranjas, pero con la diferencia de que son personas y no naranjas. En un cárcel hay trabajadores sociales, psicólogos, se hacen talleres…, pero los CIE son almacenes de personas”. Quien habla es Xavier Torregrosa, miembro de la plataforma CIEs No que desde finales de 2009 lleva funcionando en Valencia. Dicho colectivo se constituyó con la finalidad de conseguir el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros después de conocer a través del informe CEAR de 2009 lo que pasaba en su interior. El documento contiene información sobre los centros de Aluche en Madrid, Zapadores en Valencia y el ya extinto Capuchinos en Málaga y, entre otros datos, revelaba la prohibición del acceso a organizaciones, problemas de hacinamiento y con las instalaciones, falta de videovigilancia, la existencia de celdas de aislamiento y, lo más importante, abusos graves tipificados como torturas.
Pero no es el único. Son muchos los informes y las organizaciones que desde hace años se cuestionan y denuncian las condiciones bajo las que viven las personas que son privadas de libertad por el hecho de no tener papeles, es decir, se trata como un delito penal una simple falta administrativa. Ya en el año 2006 un informe encargado por el Parlamento Europeo evidenciaba las severas condiciones en las que viven los internos en el Estado español, uno de los más duros, donde se han denunciado torturas, abusos y han fallecido personas por falta de atención médica. Hace un año se conocieron los casos de Samba Martine e Idrisa Diallo. Samba Martine murió en el centro de Aluche el 19 de diciembre de una infección por no recibir asistencia médica necesaria, a pesar de que acudió en diversas ocasiones al servicio médico. Su caso sirvió de inspiración para la obra de teatro dirigida por Juan Diego Botto, Un trozo invisible de este mundo. Unos días más tarde, el 6 de enero, Idrisa Diallo fallecía en el CIE de Zona Franca, Barcelona, por una parada cardíaca y sus causas aún no han sido aclaradas, aunque sus compañeros afirmaban que había pedido asistencia sanitaria, hecho que niega la policía.
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Sería ingenuo pensar que Europa es ajena a esta realidad, cuando es quien la alimenta y la fomenta. Un total de 280 centros de retención están repartidos por todo el territorio de la Unión Europea, de los cuales ocho se ubican en el Estado español. “Siempre decimos que los CIE no son como setas que crecen en ciudades como Valencia o Madrid, sino que responden a una política contra las personas migrantes en Europa, no solo en el Estado español, que también. Responde a aquella Europa del bienestar donde nadie puede moverse de sus fronteras”, señala Torregrosa.
En 2008 la Unión Europea aprobó la directiva del retorno 2008/115/CE, lo que se conocería coloquialmente como “la directiva de la vergüenza”. Según fuentes oficiales buscaba la consecución de una política común de inmigración para los 27, aunque luego se comprobaría que la dureza del tratamiento a las personas migrantes sería su principal punto compartido. En ella se establece que una vez que se dicta la orden de expulsión se “concede” a la persona un periodo que oscila entre 7 y 30 días para abandonar voluntariamente el estado. Si por el contrario no lo hacen, pueden estar encerradas hasta 18 meses en centros de retención, además de poder repatriar a menores de edad sin su familia. Aunque hay estados como el francés o el español donde el periodo de estancia es menor, hay otros donde no se establece un máximo de días o, como en el caso Alemania, se aplica el periodo de 18 meses. Cuando una persona es expulsada no puede volver a la Unión Europea durante un periodo de cinco años.
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La legislación
A pesar de que es ahora cuando existe una mayor sensibilidad social, los CIE superan las dos décadas de vida. Fueron creados bajo la primera Ley de Extranjería1 que data de 1985. En el apartado sexto, dedicado a infracciones y sanciones, el artículo 26.2 -que fue recurrido ante por considerarse inconstitucional, aunque sin éxito- recogía la “posibilidad de acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. Quince años más tarde la Ley Orgánica sobre Derechos y Deberes de los extranjeros en España y su integración social establecía que “el instructor podrá solicitar al Juez de Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador”.
No tener documentación en regla no es un delito, motivo por el que los CIE no se acogen al régimen general penitenciario y dependen de la Dirección General de la Policía lo que provoca que todos los aspectos de los centros sean llevados por agentes.  Aunque las leyes orgánicas ponían las bases para la creación de estos centros, no existía ningún documento que regulase su funcionamiento interno. No será hasta 1999 cuando una Orden Ministerial2 regule “la precaria situación” -como se puede leer en el propio documento- que hasta ese momento vivían los CIE.  Esta orden ha sido muy criticada por no ser suficientemente específica y por no regular aspectos importantes, dejándolos a  juicio de los directores y funcionarios de policía, como por ejemplo la normativa de infracciones y sanciones. En la actualidad el periodo de privación de libertad tiene un máximo de 60 días, ampliado por la Ley Orgánica 2/2009. Como aclara Xavier Torregrosa “son espacios opacos donde no hay asistencia social ni jurídica, solo abogados de oficio. La policía hace lo que quiere dentro y no están regulados por reglamento, sino que se basa en una orden ministerial de medio folio que dice lo que son y ya está. Es una salvaje vulneración de los derechos”.
Los juzgados de instrucción localizados en el lugar de la detención son los encargados de autorizar o no el internamiento de la persona. Una vez internada, el control del cumplimiento de sus derechos  pasa a manos de los juzgados de control de instancia. Aunque la ley establece que en cada lugar donde hay un CIE debe haber un juzgado, no se cumplía hasta principios de 2012.
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Foto cedida por la Campaña “CIES NO” (Valencia)

 
Manejar el miedo
¿Pero cuál es el verdadero objetivo de estos centros? Según la legislación los CIE son creados para retener a los ciudadanos extranjeros a la espera de la deportación. En cambio, Torregrosa tiene una opinión diferente. “No se expulsa ni al 50% de las personas encerradas. Está claro que lo que buscan es amedrentar y asustar para que las personas migrantes se vayan. No se expulsa a la mayoría y están siendo encerrados de forma preventiva para que no se escapen”. De hecho en el año 2011 de las 13.481 personas encerradas tan solo 6.825 personas, un 48%, fueron expulsadas según la memoria de la Fiscalía General del Estado  de 2012 (capítulo III, punto 7.4).
La gestión del miedo a través de las fronteras se mezcla con la trampa de la libre circulación de las personas, tan nombrada en todas las declaraciones de derechos, la cual se supedita a la situación económica del estado, quien decide cuando necesita importar mano de obra barata, caso en que se favorece la inmigración y cuando le sobra, es el momento en que actúan las políticas de retorno.
De CIE a CECE
Las exigencia por parte de los movimientos sociales de cerrar los centros en unos casos o de regular el funcionamiento de los mismos en otros ha sido respondida por parte del gobierno con un anteproyecto de ley que vio la luz en junio de 2012. Fue presentado como la solución para cubrir el vacío legal existente en los centros, pero CIEs No extrae que la “única solución es cerrarlos”.
Una de las principales novedades es el cambio de nombre a Centros de Estancia Controlada para Extranjeros (CECE), un eufemismo que pretende disfrazar lo que ocurre en el interior de los centros: la retención de personas por no tener papeles o por no estar en regla.
En el anteproyecto se delimitan las funciones de la policía -que recibirá formación específica en inmigración- únicamente a aquellas que tienen relación con la seguridad, dejando la gestión de los centros en manos de la figura del administrador, de nueva creación. Mientras, las labores asistenciales y de ocio serán ofrecidas por ONG, quitando la responsabilidad al estado de ser garante de los derechos de las personas retenidas.
Movilización ciudadana
La lucha de los CIE está en auge. Cada vez más personas son conscientes de esta realidad que ha sido escondida a la opinión pública durante muchos años y los movimientos por el cierre de estos centros están creciendo de manera positiva. Hace unos días se ha celebrado con gran éxito en Barcelona el segundo encuentro estatal CIEs No, donde se han enmarcado las jornadas de formación, reflexión y acción en torno a los centros de internamiento de extranjeros.
La campaña CIEs No, que ha atendido a Revista Exarchia, trabaja en Valencia a través de tres comisiones: jurídica, de acompañamiento y de visibilidad. La primera es la que da luz a la campaña y se encarga del entramado jurídico y de las denuncias pertinentes. Por otra parte, en la campaña de acompañamiento, como narra Xavier Torregrosa, “los compañeros y compañeras acompañan a las personas en su periplo. Desde que son detenidos, van a visitarlos y se encargan de observar y comprobar que no hay nada malo. Hay gente sola y nos ocupamos de acompañarla a todos los niveles”. Finalmente, una vez al mes organizan una concentración a las puertas del centro de Zapadores (Valencia) para denunciar su cierre.
Pero no es la única campaña, ya que en Barcelona Tanquem els Cies funciona con el mismo objetivo y el año pasado en Málaga el movimiento ciudadano consiguió el cierre del centro de Capuchinos, en pésimas condiciones y que acogió durante 22 años miles de historias cargadas de sufrimiento que se unen a las vividas por todas aquellas personas que están siendo encerradas por el hecho de ser migrantes. Sin duda, un increíble éxito de la labor ciudadana que día a día lucha por que los CIE sean anécdotas del pasado.
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Foto cedida por la Campaña “CIES NO” (Valencia)
http://revistaexarchia.wordpress.com/2013/01/04/reportaje-centros-de-internamiento-de-extranjeros-el-delito-ser-inmigrante/

lunes, 11 de febrero de 2013

Victimas y seguridad ante los Crimenes de Odio. Esteban Ibarra


En los últimos años el racismo y la intolerancia criminal han crecido en casi todos los países de Europa y también en España. Reiteradamente se señala que inciden factores sociológicos como la presencia de inmigrantes, la diversidad religiosa, los antagonismos culturales y otros por el estilo. Sin entrar en la fuerte carga de intolerancia de muchas de estas explicaciones que no reconocen el alto nivel de convivencia, armonía e integración real, social y democrático de la diversidad de colectivos presentes en el continente, lo que llama poderosamente la atención es el ocultamiento del crimen de odio y del sufrimiento de las víctimas, su victimización continuada y el exiguo reconocimiento de sus derechos. Las víctimas de la intolerancia sufren tanto la discriminación social e institucional como ataques y agresiones por su condición o identidad diferente, incluyendo abusos y maltrato por miembros de las fuerzas de seguridad.
La dinámica del odio es sencilla, comienza por reducir la realidad de una persona a un estereotipo del grupo social al que pertenece o le identifican que es sobre quien se construye el prejuicio, el tópico o el dogma, para que debidamente estimulado concluya criminalizando a esa minoría por supuesta amenaza social. El diferente, conforme al prejuicio negativo, no solo es “menos humano” sino que, sometido a una difamación continua, solo puede ser interpretado como un criminal en potencia (no faltan ejemplos, gitano: traficante; inmigrante: delincuente; musulmán: terrorista, judío: usurero; indigente: escoria; etc.) e incluso como afirmaba el nazismo, subhumanos e impuros. Finalmente desde la intolerancia, no solo es posible la discriminación (trato menos favorable), también el delito de odio (agresión criminal) sobre la víctima o sus bienes por el simple hecho de ser miembro de ese colectivo, o ser identificado como tal por su condición social, religiosa, cultural, étnica, orientación sexual o cualquier otra circunstancia diferencial, una violencia protagonizada por unos verdugos que se creen legitimados para proceder a la limpieza “identitaria” recurriendo al crimen.

En toda Europa, aunque en muchos países no exista información oficial sobre infracciones de discriminación y delitos de odio es una evidencia que se están cometiendo por prejuicios o animadversión social hacia el gitano, magrebí, indigente, negro, latino, chino, musulmán, judío, discapacitado, homosexual, travestido u otra condición de pertenencia a un colectivo estigmatizado. Estos comportamientos se producen de forma cotidiana tanto en el ámbito laboral, en el acceso a la vivienda o en la escuela, en lo político e incluso en el ámbito del ocio, cultural o deportivo, donde ni para jugar al fútbol existe “igualdad de trato”, asumiendo lemas xenófobos “los de casa primero”. En sus manifestaciones más graves, las víctimas de un delito de odio pueden sufrir amenazas, injurias, calumnias, ataque a su vivienda o empresa, pueden ser víctimas de la propaganda racista y de agresiones físicas.

Sin embargo la naturaleza de la mayor parte de estos sucesos no es evidenciada, evitando el agravante que esta conducta conlleva y el reconocimiento de la víctima de odio. En la mayoría de los casos la investigación se limita a recogerlos como riñas de jóvenes, ajustes de cuentas o crímenes no aclarados. La consecuencia es que se priva a la víctima del reconocimiento del problema e incluso de su condición de víctima, situándola en el mismo plano que los verdugos y produciéndose en la mayoría de los casos, una segunda victimización que conlleva una individualización del drama, a su aislamiento y a la constatación de que el Estado minimiza o banaliza la agresión. Ejemplo de gran indefensión son los inmigrantes “sin papeles” quienes por el miedo a que su denuncia como víctima de un ataque xenófobo repercuta en expulsión del país evitan realizarla; también los indigentes, inermes ante una venganza de respuesta a su denuncia de agresiones en la calle deciden no presentar denuncia cuando el 40% de ellos en nuestro país ha sufrido ataques ultras, o los homosexuales a quienes denunciar les obliga a “salir del armario”, así como otras personas de colectivos vulnerables (prostitutas, travestis..) que ven riesgos objetivos para su privacidad y seguridad . A todo ello hay que sumar la disuasión y desánimo inducido por aquellos agentes de seguridad que comentan a la víctima que no denuncien “porque no va a servir para nada”.




Directiva Europea que amplía los derechos de las víctimas

Una nueva Ley Europea que ha de ser aplicada por todos los Estados antes de tres años amplía los derechos de las víctimas de la delincuencia. A primeros de octubre de 2012, Viviane Reding, Vicepresidenta y Comisaria de Justicia, informaba que esta ley reforzará los derechos de millones de ciudadanos que son anualmente víctimas de la delincuencia en la UE. La Directiva de la UE sobre derechos de las víctimas fue aprobada con una abrumadora mayoría (611 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones) del Parlamento Europeo otorgando derechos mínimos a las víctimas, donde quiera que se encuentren en la UE. Reding en sus manifestaciones reconocía que «en algunos casos, los sistemas de justicia penal de los Estados miembros de la UE se han centrado demasiado en los delincuentes y demasiado poco en las víctimas. » (…) «Se calcula que, todos los años, un 15 % de los europeos –lo que equivale a 75 millones de personas– son víctimas de la delincuencia en la Unión Europea. Teniendo presente que 12 millones de europeos viven en otro país de la UE y que se registran mil millones de desplazamientos personales al año dentro de la Unión, esta nueva ley europea aliviará la situación de un gran número de ciudadanos. Estamos ante un logro histórico y una clara muestra de que Europa legisla para amparar los derechos de los ciudadanos.»

Estas normas mínimas asegurarán que, en los 27 Estados miembros de la UE, las víctimas sean tratadas con respeto y la policía, los fiscales y los jueces reciban la formación adecuada para atenderlas debidamente; reciban información inteligible sobre sus derechos y su situación; dispongan de estructuras de apoyo en todos los Estados miembros; puedan ser parte en el proceso si así lo desean y reciban la ayuda necesaria para asistir a los juicios; las personas vulnerables sean distinguidas y adecuadamente protegidas y que las víctimas sean objeto de protección durante la fase de investigación policial y durante los autos procesales. La Directiva europea reconoce a los afectados por el terrorismo como víctimas «con necesidades especiales» junto a los menores, las de la violencia de género, las de la delincuencia organizada y los delitos motivados por prejuicios racistas o intolerancia. El texto aprobado establece que los Estados miembros deben prestar a estas personas «atención especial y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad».

Esta amplia Directiva reconoce claramente el papel de las ONG que trabajan con víctimas: “Los Estados miembros deben animar a las organizaciones de la sociedad civil y colaborar estrechamente con ellas, incluidas las organizaciones no gubernamentales reconocidas y que trabajen activamente con víctimas de delitos, especialmente en iniciativas de desarrollo de políticas, campañas de información y concienciación, programas de investigación y educación, y en acciones de formación, así como en el seguimiento y evaluación del impacto de las medidas de apoyo y protección de las víctimas de delitos. Para que las víctimas de delitos reciban atención, apoyo y protección en un grado adecuado, los servicios públicos deberán trabajar de forma coordinada e intervenir en todos los niveles administrativos – a escala tanto de la Unión como nacional, regional y local. Se deberá prestar asistencia a las víctimas para identificar los servicios competentes y dirigirse a ellos, a fin de evitar repetidas derivaciones de uno a otro servicio. Los Estados miembros deberán considerar la creación de servicios comunes a varios organismos, siguiendo el principio de «punto de acceso único» o de «ventanilla única», que se ocupen de las múltiples necesidades de las víctimas cuando participen en procesos penales, con inclusión de la necesidad de recibir información, apoyo, asistencia, protección e indemnización.”

Además lograr el reconocimiento institucional de la víctima y la existencia del problema de los crímenes de odio también es importante porque el reconocimiento de los hechos obliga a realizar políticas criminales específicas como reclaman de forma insistente las instituciones europeas, mientras que en aquellos otros países que aún siguen sin reconocer el problema, la indolencia institucional posibilita que la dinámica del odio prosiga construyendo prejuicio y fobia a las minorías con graves consecuencias. De forma expresa se reclama a los Estados una recopilación de datos estadísticos sistemática y adecuada porque constituye un componente esencial de la formulación efectiva de políticas en el ámbito de los derechos establecidos en la Directiva y de la misma manera observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aspirando en particular a “promover el derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y la seguridad, el respeto a la vida privada y familiar, el derecho a la propiedad, el principio de no discriminación, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos del menor, de los mayores y de las personas con discapacidad, así como el derecho a un juez imparcial.”

Déficits institucionales en España

En España, el aumento del prejuicio que detectan las encuestas en el rechazo a la inmigración, a la diversidad de confesiones religiosas, en especial al Islám, es la “gasolina” que nutre a grupos fanáticos, quienes a su vez interactúan alimentando la intolerancia. Debemos significar no solo el discurso de odio en internet, las gradas ultras y el desarrollo de las organizaciones que lo potencian, también la intolerancia en el discurso público y su papel responsable en la creación de climas de hostilidad hacia los colectivos que sufren el problema. Pese al reclamo de numerosas voces, a la denuncia mediática y la constatación de numerosos delitos, el avance en la sanción de estas conductas, definidas ilícitas en el Código Penal de la democracia, ha sido prácticamente insignificante. Sabemos que durante años se han producido en nuestro país millares de agresiones protagonizadas por bandas racistas y neonazis, entre ellas numerosos asesinatos, sin embargo no sabemos el verdadero alcance del horror de los verdugos del odio. Para los violentos racistas, en su criminal eugenesia hacia la condición de “diferente” de la víctima es suficiente porque para estos simplemente son vidas sin valor y el estigma les predispone a la agresión, incluso al asesinato. La investigación del Movimiento contra la Intolerancia calcula la existencia de más de 4.000 agresiones al año protagonizadas por grupos racistas y neonazis dirigidas especialmente contra personas de colectivos sociales estigmatizados junto a ataques a mezquitas, viviendas gitanas, comercios magrebíes, sinagogas, sedes de organizaciones de izquierda, agresiones contra aficionados del fútbol, ongs antirracistas e incluso periodistas. Sin embargo esta estimación puede ser inferior a la realidad (solo se denuncia el 4% según investigaciones), ha de tener en consideración el contexto de una Europa donde en países como Gran Bretaña, con experiencia y registro oficial de estas infracciones, reconocen que se produjeron 54.000 infracciones y delitos de odio el último año.

La víctima del odio racista y de la intolerancia criminal no tiene en España ninguna protección o apoyo específico, a diferencia de la víctima del terrorismo y de la violencia de género. En general la víctima al ser agredida se siente sola, desconcertada y no da crédito a lo que le pasa. También puede sentir impotencia, dado que ni pudo evitar ser atacado, ni lo puede evitar en un futuro, al no poder cambiar su etnia, origen, color de piel, sexualidad, etc. El sentimiento de indignación, temor, rabia, ansiedad, impotencia acaba haciendo mella en la víctima, su familia y en el colectivo de pertenencia. Sin embargo, los crímenes de odio no solo pueden tener efectos inmediatos y a largo plazo en las víctimas, también en el conjunto de la sociedad y en la convivencia democrática. Ser consciente del problema puede ayudar a reconocer y tratar los efectos del odio, como ser consciente de la insuficiente aplicación del cuadro legislativo que nuestro país tiene para luchar contra el racismo y la intolerancia en especial a sus mensajes y conductas criminales.

Precisamente las NN.UU., la OSCE, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales, señalan que el problema de la propaganda racista, el discurso de odio en internet y la proliferación de grupos neofascistas son preocupantes y van en aumento, requiriendo a los Gobiernos democráticos y la sociedad en su conjunto abordarlo como prioridad. La difusión de mensajes de intolerancia ante la diversidad ha de ser entendida como una propaganda que precede a la acción criminal. La relación entre una y otra ha sido evidenciada por los hechos y necesita de estrategias integrales para hacer frente a esta realidad que va a marcar un siglo caracterizado por la globalización e interacción comunicativa. Y además hay que evitar la infección de intolerancia en las políticas y los Estados, como insiste la OSCE en su estrategia de crear un marco global para la seguridad y la estabilidad en Europa. Ya el Acta Final de Helsinki reconocía como uno de los 10 principios rectores el “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, de pensamiento, conciencia, religión o creencia”, recordando como la exclusión de individuos y de ciertos grupos de la sociedad, en ocasiones por el origen étnico, ha desencadenado tensiones y, en ocasiones, incluso conflictos armados. En consecuencia preservarlos también es una cuestión de seguridad, es la dimensión humana de la seguridad, en terminología de la OSCE, que se utiliza para describir un conjunto de normas y actividades relativas a los derechos humanos y la democracia que están consideradas como una de las tres dimensiones de la seguridad, junto con las dimensiones político-militar y la económica- medioambiental.

Europa, durante la segunda mitad del siglo XX, ha experimentado grandes transformaciones demográficas, económicas sociales y políticas. Un cambio significativo ha sido el aumento de la importancia de la diversidad cultural y las tensiones étnicas, bien por el establecimiento de trabajadores inmigrantes y refugiados en casi todos los países, bien la recesión económica cuando los autóctonos han intentado priorizar su acceso al empleo y la vivienda, o por factores políticos, como el aumento de los movimientos nacionalistas de extrema derecha y el incremento de las reivindicaciones políticas de las minorías nacionales arraigadas sobre todo en la Europa del Este tras la caída de los regímenes comunistas. La violencia racista, y en particular los delitos de odio, son problemas crecientes en gravedad y extensión, y Noruega es un ejemplo extremo de violencia racista, cuyo autor eligió como objetivo a jóvenes políticos noruegos en general y en particular los del Partido Laborista por su trabajo en combatir la xenofobia y el racismo.

Esos cambios han desafiado a las instituciones establecidas en toda Europa, incluso a la policía, como ya señaló la Carta de Rótterdam que insistía que en este mundo de diversidad étnica y cultural, el papel de la policía es crucial, señalando que “su especial responsabilidad por el mantenimiento de la ley y el orden en la sociedad, la policía es el guardián esencial de nuestro marco social. También es el organismo más visible de los que desempeñan una función cívica”. Sin embargo, las prácticas de identificación por perfil étnico por las fuerzas de seguridad son una práctica extendida, así como el racismo institucional que emerge en muchas ventanillas de los Estados.

La diversidad étnica, de origen nacional, cultural, religiosa y social en general, refleja las tendencias globales de una gran mutación que nos hace vivir una contradicción sostenida por una identidad nacional homogénea y uniforme, propia del siglo XIX (blancos, católicos y heterosexuales) y una realidad diversa vivida directamente en nuestras calles que los poderes públicos aún no perciben como fuente potencial de gran enriquecimiento para Europa a la que no responden adecuadamente y conforme a principios democráticos, sometiendo a las minorías sociales a un trato opresivo o desigual, posibilitando los conflictos étnicos, la violencia y dañando el marco de la sociedad civil. Este es el reto del siglo que nos acoge.


Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
Fin de Victimas y seguridad ante los Crimenes de Odio. Esteban Ibarra

martes, 5 de febrero de 2013

Brechas de género y ’low cost’ salarial de Europa



Se veía venir, aunque no por ello resulta menos doloroso. La situación de las mujeres empeora a pesar de la menor brecha de género en el empleo. La precariedad laboral se ha extendido pero les sigue afectando a ellas en mayor medida.

Hay suficientes evidencias históricas que muestran cómo la población femenina ha resultado ser la más afectada por la creciente inseguridad y precariedad del trabajo en los contextos de las crisis económicas pasadas. Sin excepción, hasta ahora, todas las fases de depresión y recesión económica conocidas se han cebado con especial virulencia en las mujeres solas, familias monomarentales y mujeres migrantes.


Y lo mismo ha estado ocurriendo en los últimos 6 años de esta ‘gran estafa’; aunque no aparezca en los principales titulares mediáticos, el hecho es que ocurre, y de manera global.
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El último informe de la EPA en España para 2012 resulta demoledor. Cerca de 6 millones de personas desempleadas (el 26.02% de la población activa), 1.833.700 hogares con todas sus personas integrantes en desempleo y una tasa de desempleo juvenil del 55,1%. Dicho así, en grandes epígrafes ya es grave por sí mismo; pero, si además observamos cómo han evolucionado las tasas de desempleo en los últimos años, podemos caer en la cuenta de algunas obviedades: 1) fuerte crecimiento del desempleo masculino en los primeros años 2) mayor incidencia del desempleo femenino durante todo el tiempo, 3) acortamiento de la brecha de género, aunque ello no necesariamente implica que la situación de las mujeres haya mejorado, 4) ineficacia total de las reformas laborales de los últimos años fruto de la irresponsabilidad y negligencia de los gobiernos que las emprendieron.
Hay que decir que, en general, los aumentos en el desempleo tienen fuertes impactos negativos sobre la participación del trabajo en la distribución de la renta nacional, lo que abona el terreno para la devaluación interna vía reducción de salarios (algo que ya estamos experimentando en Grecia, Portugal y España).
En este contexto, la preeminencia del desempleo femenino que refleja la gráfica (26,55% respecto al 25,58% masculino en 2012), refuerza otra peligrosa tendencia: la persistencia de la brecha salarial de género.
La mayor inseguridad económica, el desempleo creciente, la caída de los salarios reales y los recortes continuos en los servicios públicos y de atención a las necesidades de cuidado, tienen un efecto multiplicador perverso.
Ya no hay políticas de igualdad ni intención de resolver las desigualdades entre hombres y mujeres, ni siquiera de querer aparentarlo. La corresponsabilidad vuelve a conceptualizarse casi como una utopía altermundista y los derechos de la ciudadanía están en serio peligro de extinción.
Todo ello está significando una vuelta al esquema tradicional de papeles, a situaciones de dependencia económica y de creciente frustración por no poder cubrir las necesidades básicas, de alimentación, vivienda, educación y salud de las personas que forman parte del núcleo de convivencia familiar.
Cada vez se hace más evidente que no se trata de un hecho casual, sino que es el resultado de una serie de reformas que vienen respondiendo a la tendencia mundial de precariedad laboral y de bajos salarios, que se reflejaba en el informe de salarios de la OIT en 2010 . En ese informe ya se apuntaba a una creciente feminización del fenómeno ‘empleos de bajos salarios’ en los países de la OCDE; y también se reconocía que “desde el decenio de 1980, la mayoría de los países han experimentado una tendencia a la baja de la participación de los ingresos del trabajo, lo que significa que se ha destinado una proporción menor de la renta anual a la remuneración de la mano de obra y una proporción mayor a las rentas procedentes del capital”. Revelador, ¿verdad?.
A medida que avanza la tendencia de ‘bajos salarios’ en el empleo remunerado ‘formal’, ocurre que, por una parte, se refuerza el funcionamiento del llamado empleo ‘informal’ al que se acude para completar ingresos, o incluso como ‘la’ fuente de ingresos con la que garantizar la sostenibilidad económica de las personas y familias; y por otra parte, se agudiza la polarización de las rentas. El 43% de las personas que trabajaban en España de manera remunerada en 2010 recibieron sólo el 13% de todo el dinero que se gastó en salarios, mientras que el 7% percibía el 25%. Cabe recordar que las mujeres se concentran en los tramos de rentas más bajos.

Sobran las palabras, es tiempo de acción

¿Cómo sostener sino que mientras los gobiernos y la troika despilfarran el dinero público en tapar los agujeros, provocados por el vampirismo financiero, se escamoteen recursos económicos para la sanidad o pensiones públicas, para atajar la pobreza infantil y la falta de nutrición de la infancia y de cada vez más sectores poblacionales?.
¿No les parece que se está convirtiendo el sur de Europa en otra región ‘low – cost’/‘low – rights’ para uso y abuso del vampirismo del gran capital?.

http://www.amecopress.net/spip.php?article9366