- En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se encierra a personas extranjeras a quienes se va a expulsar del país, en la mayoría de los casos por estancia irregular (carecer de permiso de trabajo y residencia). La estancia irregular es una infracción administrativa, no es un delito.
- De acuerdo con la ley, el único derecho limitado en los CIE es la libertad de movimiento, todos los demás derechos permanecen en vigor y el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento.
- En España existen ocho CIE con capacidad para internar a unas 2.500 personas simultáneamente.
La estancia máxima en un CIE son 60 días. De acuerdo con la ley, el único derecho limitado en los CIE es la libertad de movimiento, todos los demás derechos permanecen en vigor y el Estado tiene la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento. En España, estos centros dependen del Ministerio del Interior y están gestionados por el Cuerpo Nacional de Policía.
En España existen ocho CIE con capacidad para internar a unas 2.500 personas simultáneamente (el CIE de Málaga se cerró en junio 2012), ubicados en las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
No es fácil conocer cuántas personas internan en los CIE españoles y cuántas de ellas son finalmente expulsadas. El Ministerio del Interior no publica cifras sobre los CIE. Aproximadamente, 1.000 personas extranjeras ingresan en los CIE cada mes, de las cuales poco más de la mitad son finalmente expulsadas. Según los datos de nuestra observación, en el CIE de Madrid fueron internadas en 2012, 3.060 personas.
Este Informe pretende visibilizar una realidad que sigue siendo desconocida para la gran mayoría de la ciudadanía, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de internamiento, a la defensa de los derechos de las personas internadas y a un uso limitado, racional y conforme a derecho de los CIE, con el horizonte final de su desmantelamiento definitivo.
El estudio se basa en las visitas de un grupo estable de voluntarios al CIE de Madrid. Sistematiza el acompañamiento y el servicio cotidiano a los internos, y recoge sus observaciones. A lo largo del año 2012, hemos realizado 1.277 visitas, a 328 personas, lo que supone casi el 11% del total de las personas internadas en el CIE de Madrid.
Las fuentes para la elaboración de este Informe son: la experiencia cotidiana a lo largo de los doce meses del año, con presencia todas las semanas en horario de mañana y de tarde; la explotación cuantitativa de esos datos y la sistematización cualitativa de las observaciones; el riguroso análisis jurídico de la normativa; el seguimiento cercano de la práctica administrativa; la interlocución institucional en sus diversos niveles y el trabajo en red con otras entidades sociales.
Entre las novedades de este Informe respecto a los de años anteriores, cabe destacar: la incorporación de un apartado acerca del CIE de Barcelona, basado en las visitas allí realizadas; la constatación de que se sigue recurriendo al internamiento de manera desproporcionada y el estudio de las alternativas al internamiento y el análisis del proceso de elaboración del Reglamento de los CIE, que ha marcado la agenda política en este campo durante 2012.
Resumen del informe
PUEBLOS UNIDOS ha visitado en 2012 a 318 personas internadas, de un total de 3.060, lo que supone más del 10% de la población interna en el CIE de Madrid en 2012. Las visitas totales realizadas ascienden a 1.277. El CIE de Madrid ha establecido un régimen de visitas de ONG y asociaciones que funciona con normalidad y no hemos tenido problemas en este sentido. En Barcelona, sin embargo, las entidades sociales no pueden acceder al CIE.
España es un país con un alto porcentaje de internamientos y con malas condiciones de estancia en los centros. La primera parte del presente Informe, titulada “Cifras de internamiento demasiado elevadas”, analiza las condiciones de ingreso en los CIE. Las secciones siguientes analizan las condiciones de vida en el CIE y recogen las principales quejas de las personas internas.
En nuestras visitas al CIE de Madrid y de Barcelona constatamos el fuerte impacto psicológico del internamiento. Para las personas internadas y para sus familiares supone, por un lado, perder en pocas horas su forma de vida y, por otro, encontrarse, sin más, privados de libertad a la espera de que “alguien” decida el futuro de sus vidas, al margen de las consecuencias que para ellos se deriven. El sufrimiento se agrava en los migrantes sin antecedentes penales, a quienes la ambigüedad de estar encerrados sin haber cometido un delito les causa una profunda angustia y desconfianza.
En Madrid, el 23% son personas que llevan menos de un año en españa, la mayoría de ellos son recién llegados, en pateras o saltando la valla a través de Ceuta y Melilla. Algunos vienen después de estar un tiempo en los CETI de dichas ciudades
Sólo el 27% de las personas visitadas teníanantecedentes penales.
Sólo conocemos el resultado final del internamiento del 63% de las personas visitadas. De ellas, el 60% fueron puestas en libertad, casi siempre por decisión judicial o por imposibilidad de documentar o repatriar.
Las quejas y limitaciones de derechos son similares en los CIE de Madrid y Barcelona. Entre ellas, destaca el hecho de que no se explica a los internos su situación jurídica concreta. La mayoría no comprende su situación y muchos no tienen el nombre y teléfono de sus abogados. Como se detalla en el anexo, este año hemos detectado y documentado 24 situaciones con suficientes elementos como para interponer quejas o denuncias ante los órganos competentes.
Hay quejas repetidas de racismo y violencia por parte de algunos policías y hay numerosos obstáculos para investigar lo ocurrido.
La ciudadana congoleña SAMBA MARTINE falleció tras 40 días de internamiento en el CIE de Madrid. El servicio médico no diagnosticó siquiera su gravísimo estado de salud, a pesar de sus repetidas visitas al médico y de que venía del CETI de Melilla, donde se le había realizado una analítica que mostraba su gravedad.
No procede la expulsión ni el internamiento por mera estancia irregular. Sin embargo, hay numerosos casos de inmigrantes en los CIE por mera estancia irregular, cuya orden de expulsión e internamiento ha sido realizada sin un análisis de su caso concreto.
Frecuentemente, la policía tramita la sanción por estancia irregular por el procedimiento preferente en vez del ordinario. La utilización del procedimiento preferente es muy lesiva para los inmigrantes irregulares.
El proyecto de reglamento no altera en nada el régimen de ingreso en los CIE. Tampoco garantiza la efectividad de los derechos de las personas internas, facilitando los cauces para el ejercicio de dichos derechos. Es un texto que desarrolla y consolida el modelo policial actual, centrado en control y seguridad, en claro detrimento de las condiciones de vida de las personas internas.
Puesto que el proyecto de Reglamento no modifica el régimen de los Centros de Internamiento de Extranjeros, EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN A CENTROS DE ESTANCIA CONTROLADA (CECE) ES UN EUFEMISMO INADMISIBLE.
En los CIE hay privación de derechos, más allá de la privación de libertad ambulatoria. Esta realidad se agudiza en las situaciones de particular vulnerabilidad, como son las 127 personas que no tienen a nadie que les pueda visitar o quienes no entienden el idioma (25% del total de internos visitados).
Particularmente graves son los 11 casos de personas internadas que tienen menoresespañoles a su cargo y las 24 personas con enfermedades físicas o mentales.
La última sección del informe, titulada“DE LA A A LA Z”, pone nombre a casos y testimonios concretos. De este modo, el Informe permite acceder directamente a la dimensión humana, al sufrimiento y a la injusticia que se encierra en los CIE.
Expulsiones exprés: la historia de Carlos
Para finalizar, señalamos que las expulsiones desde los CIE son una minoría del total anual de repatriaciones de extranjeros realizadas por el Estado español. Otras muchas se realizan directamente desde comisaría. En 2011 la policía echó de España a 18.422 personas extranjeras, de las cuales sólo un tercio (6.825) fueron expulsadas desde los CIE y el resto directamente desde las comisarías en 72 horas.
Son vecinos que desaparecen de nuestras calles de la noche a la mañana, expulsiones “invisibles e inmediatas” y en donde las posibilidades de defensa legal son mínimas. La ley reconoce a los extranjeros el derecho a abogado en los procedimientos que llevan a su expulsión del territorio español. Pero en estos casos, la defensa es muy difícil. El extranjero, que en un momento dado se hallaba en España, ha sido ya expulsado cuando hay que defenderlo. En estos casos, no es posible solicitar amparo judicial para detener la expulsión, sólo queda intentar que pueda volver con la familia, la vida o los compromisos que ha dejado aquí. Pero esto casi nunca ocurre. Y cuando se intenta, los obstáculos al regreso son muy importantes.
Carlos vive en Madrid, es natural de Bolivia, tiene 33 años. Un fin de semana de octubre 2011, la policía lo paró en la calle, lo trasladó a comisaría por carecer de permiso de residencia y fue expulsado al día siguiente directamente desde la comisaría porque tenía una orden de expulsión por estancia irregular. Carece de antecedentes penales.
Su inesperada y súbita expulsión destrozó su vida y la de su familia. Carlos tenía a su cargo a su hijo A., un niño de 4 años y nacionalidad española. Al ser el único que trabajaba en la unidad familiar, tanto su pareja y madre de A., residente legal, como su hijo menor quedaron en una situación de absoluta precariedad económica y desamparo. La madre del menor, R., tuvo que abandonar la vivienda en la que habitaban por no poder hacer frente al alquiler, pasó a trabajar y residir con el niño en casa de una familia con la que había trabajado anteriormente, que la acogió. También tuvo que sacar a A. del colegio, que cursaba educación infantil, por su precaria situación económica y por no poder compaginar su trabajo con llevar y recoger al niño al colegio.
Cuando fue expulsado, Carlos tenía recurrida la orden de expulsión. Días después de su expulsión, el Juzgado anuló la orden de expulsión por improcedente y la sustituyó por una multa. Además, en el momento de la expulsión, Carlos había solicitado ya una autorización inicial de residencia, que estaba en trámite. En marzo 2012, con Carlos ya expulsado, fue resuelta favorablemente. Carlos comunicó todas estas circunstancias a la policía, incluso llevaba consigo el resguardo de solicitud de arraigo, que la policía le retuvo. Once meses después de su expulsión, y tras numerosísimas gestiones, Carlos pudo regresar a España donde reside hoy felizmente con su mujer y su hijo.
Carlos fue indebidamente expulsado de España. La policía sólo atendió a la existencia de una orden previa de expulsión y no consideró la existencia de un menor español y el hecho de que había una regularización en trámite. Carlos fue expulsado en 72 horas, sin pasar siquiera por un CIE.
El Balance 2012 de la lucha contra la inmigración irregular, publicado en enero 2013 por el Ministerio del Interior, muestra un total de 10.130 expulsiones y 6.271 devoluciones: en total, 16.401 personas repatriadas desde España. Pero el Balance no suministra ninguna información sobre Centros de Internamiento de Extranjeros. Una pregunta básica es: ¿Cuántas de esas repatriaciones se hicieron desde los CIE y cuántas desde comisaría? ¿En qué supuestos y condiciones se están realizando las expulsiones desde comisaría?
Criminalización de las personas inmigrantes en los CIE
Una de las ideas que desde hace ya tiempo venimos escuchando en los discursos oficiales en torno a los CIE, es que las personas internadas, en un elevado tanto por ciento, serían “delincuentes”. El Balance 2012 de lucha contra la inmigración irregular, publicado en enero 2013 por el Ministerio del Interior, muestra que un 87% de las expulsiones en 2012 fueron expulsiones “cualificadas”, cifra que se está utilizando para indicar que un 87% de la población de los CIE son delincuentes. Son cosas distintas y además no es cierto:
- La cifra total de expulsiones que figura en el Balance 2012 no señala cuántas expulsiones del total (10.130) se realizan desde los CIE y cuántas desde comisaría. No todas las expulsiones se realizan desde los CIE, pero el Ministerio del Interior no brinda esta información.
- En los CIE no se realizan sólo expulsiones sino también devoluciones, es decir, repatriaciones de personas recién llegadas, a España, que por definición, no tienen antecedentes penales. Las personas que vienen de Ceuta y Melilla o que acaban de llegar en patera a nuestras costas del Sur, al ser recién llegadas, carecen de antecedentes penales ni policiales en nuestro país. En 2012, además de las expulsiones, la policía ejecutó 6.271 devoluciones, una parte de ellas, que desconocemos, pasó por los CIE.
- Expulsión cualificada es un concepto muy amplio y difuso creado por la policía, que según ellos recoge “repatriaciones de delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes penales y/o judiciales, vinculados con terrorismo, bandas organizadas, violencia de género o cualquier otro hecho delictivo de especial gravedad que supone una amenaza para la seguridad pública”. Con ello, se vinculan las expulsiones con perfiles de peligrosidad social y traslada la imagen de que los CIE son un instrumento de lucha contra la criminalidad, no contra la inmigración irregular. Pero no es así.
- Casi todas las personas que hemos visitado habían ingresado en el CIE para su expulsión por estancia irregular. A lo largo de todo el año 2012, sólo hemos encontrado entre los internos visitados diez casos de expulsiones judiciales, es decir, expulsiones decretadas por un juez en sustitución de una condena penal. El resto son expulsiones administrativaspor estancia irregular. Entre ellas, 78 personas tenían antecedentes penales: la mayoría es gente que viene directamente de la cárcel al CIE para expulsión. En total, la cifra de personas visitadas con antecedentes penales ascendió a 88 personas (27% del total). El resto, es decir, 240 personas de las 328 visitadas carecían de antecedentes penales.
- Los antecedentes penales de las personas en el CIE suelen ser por delitos menores vinculados con la pobreza y muy pocos presentan un perfil de peligrosidad social.
- ¿Cómo se llega entonces a una cifra tan alta de expulsiones “cualificadas”? Porque la policía está añadiendo a los antecedentes penales cualquiera que sea su gravedad, las expulsiones de personas imputadas en algún procedimiento penal sobre el que aún no ha recaído sentencia así como los antecedentes policiales de cualquier tipo, que no tiene nada que ver con antecedentes penales.
Personas vulnerables en los CIE: progenitores de un menor extranjero
En este caso, y en sentido estrictamente jurídico, la persona es en principio expulsable. Ahora bien, ocurre que en esta situación entra en conflicto el derecho del Estado a ejecutar una orden administrativa con el derecho a la vida en familia y con el interés superior del menor. Y conforme al derecho europeo y español, las decisiones de expulsión deben tomarse caso por caso, lo que implica que las decisiones de expulsión e internamiento deben tomarse por criterios más allá de la estancia irregular. Desgraciadamente, somos testigos de que no es así.
A pesar de que en 2012, el Ministerio del Interior ha afirmado que no va a internar a extranjeros por mera estancia irregular, con fuerte arraigo y sin antecedentes penales, sigue ocurriendo…
D. es un joven nigeriano que lleva ocho años en España, casado con G. Tienen dos hijos menores nacidos en España de 5 años y de 6 meses. El niño de 5 años está escolarizado. Tiene el libro de familia. Tuvo tarjeta hasta 2009, que no pudo renovar por falta de trabajo. No tiene antecedentes penales. Los Servicios Sociales de Málaga les ayudan y conocen.
Fue ingresado en el CIE con mera incoación de expediente sancionador. Lo detuvieron en abril de 2012 en Granada cuando estaba vendiendo pañuelos de papel en un semáforo. Le pidieron documentación. En el momento de la detención, llevaba consigo el libro de familia, su certificado de empadronamiento y justificantes de remesas enviadas a su país en estos años. No valió de nada. Lo llevaron a comisaría por no tener papeles y allí le abrieron expediente sancionador por el procedimiento preferente en vez del ordinario, y solicitaron su ingreso en el CIE.
Impacto psicológico del internamiento
A través de su experiencia vital los internos nos han planteado las condiciones de ingreso e internamiento en los CIE. Constatamos el shock emocional (desconcierto, confusión, rebelión, desesperanza, ruptura-pérdida-duelo, etc.) que para las personas internadas y para sus familiares supone perder, en pocas horas, su forma de vida y encontrarse, sin más, en el interior del CIE a la espera de que “alguien” decida el futuro de sus vidas, al margen de las consecuencias que para ellos se deriven. A los internos sin antecedentes penales la ambigüedad de estar detenidos sin haber cometido un delito les provoca un fuerte cuestionamiento identitario, frases como “yo no he cometido un delito”, “yo no soy un criminal”, “yo no le he hecho mal a nadie”, fueron muy frecuentes en las conversaciones con los internos.
De la A a la Z: el drama humano en los CIE
Angustia. Está en huelga de hambre desde el día 2 de marzo. No toma agua ni comida. Es controlado médicamente a diario. Cuando le pregunto por qué ha llegado a esto, Aziz me dice:“No he cometido ningún delito, he pagado mis facturas, alquiler, agua, abono de transporte… Después de todo lo que he pasado, no puedo volver; prefiero morir aquí”. Cuando llegó a España, Aziz solicitó asilo político por ser de Somalia y ser cristiano en un régimen musulmán perseguidor de los cristianos. Le fue denegado. Él no quiere de ninguna manera volver a Somalia, teme seriamente por su vida allí. “No quiero morir joven, prefiero morir aquí que en Somalia.” Su rostro refleja la angustia de no poder regresar a su país, de no entender su situación jurídica. Ahora la angustia se ve no sólo en su rostro sino también en su estómago vacío.
Barbaridad. Lleva en España siete años, trabajando como albañil, aunque ahora está en paro. Se llama Bernard. Tiene aquí mujer y tres hijos, de 12, 5 y 1 año: los dos pequeños han nacido en España. Su hija de 5 años, Laura, tiene una enfermedad diagnosticada como “síndrome nefrótico idiopático”, con necesidad de revisiones médicas periódicas y un control muy severo de su alimentación por arte de sus padres. Bernard, que carece de antecedentes penales, solicitó su residencia legal por arraigo, pero le fue denegada. En 2010 le incoaron un expediente sancionador por estancia irregular, pero la orden de expulsión no le fue notificada y su abogado no la recurrió. El 17 de diciembre de 2012 fue detenido en Durango, adonde había acudido a pedir trabajo a un amigo, con el que acabó discutiendo. Lo detuvo la policía y solicitó su internamiento en el CIE para proceder a su expulsión. El abogado de oficio que lo asistió no presentó recurso. Una vez en el CIE, le notifican la expulsión para dentro de dos días. Presentamos con urgencia demanda contenciosa con solicitud de cautelarísima. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid dicta Auto acordando la suspensión de la expulsión hasta que se pronuncie sobre el recurso. Bernard queda en libertad esa misma tarde. Ha permanecido detenido en el CIE durante 45 días. Sus tres hijos menores sufren también esta barbaridad.
Change.org. Emelés vive en León desde hace años. Se gana la vida tocando en un grupo de música. Tiene una red de amigos muy amplia, todos consideran que está plenamente integrado en la ciudad. Se ha preocupado también de mejorar su capacitación profesional, realizando dos cursos largos de formación, uno de forja y otro de carpintería. Sin embargo, el 21 de diciembre fue detenido e internado. Sus amigos y vecinos se movilizaron en su apoyo, en la calle y en las redes sociales. Lograron firmas de solidaridad a través de la plataforma virtual Change.org. Finalmente, esta “presión pública” logró un poco de sensatez y, con la mediación del subdelegado del gobierno de León, fue puesto en libertad. Hacer visible el drama de las personas internadas, la injusticia de la situación y la realidad de los CIE es una tarea aún imprescindible, para lo que las redes sociales están mostrando su eficacia. En este año, otras campañas han logrado varios miles de apoyos para reclamar al gobierno un reglamento que garantice los derechos de los internos en los CIE. Aún son pocos.
Despropósito. ¿Qué sentido tiene encerrar en el CIE a un adulto que tiene una hija española reconocida y con una sentencia del Juzgado de Familia que le concede la guarda y custodia de esa hija? ¿Cómo puede ejercer esa custodia si está ingresado y en otro país? Es lo que le pasó a Damián y a su hija Diana. O estamos ante un verdadero despropósito (un abogado que no realiza bien su función, un juez que no considera las circunstancias particulares…) o estamos ante un sistema que parece funcionar sólo con el propósito de causar sufrimiento innecesario. En todo caso, un despropósito. Finalmente, la Audiencia Provincial estimó el recurso y decretó su puesta en libertad.
Esperanza. Es de Burkina Faso, está a punto de cumplir 25 años y saltó la valla de Melilla el día de San Fermín, para caer en manos de la policía. Lo trajeron al CIE el 22 de agosto. Antes de eso, realizó un tremendo periplo que lo llevó a atravesar Malí, Mauritania y Marruecos. Sabe que en Burkina Faso no hay ninguna esperanza para él ni para su familia. La apuesta por Europa abre horizontes para sus padres y su hermana. No tiene a nadie conocido en España, pero está lleno de esperanza. Sólo quiere ganarse la vida, tener una expectativa de futuro para él y su familia. Siempre me recibe con una sonrisa. Muestra mucho interés en mejorar su español. Se muestra muy agradecido por las pequeñas ayudas materiales que podemos darle: un pantalón y una camiseta (cuando ingresó tenía dos pero le dio una a otro interno que estaba pasando frío). Es curioso cómo en medio de tanto dolor puede abrirse paso la esperanza. La sonrisa de Essam lo muestra con claridad.
Fardo. La palabra es dura. Pero más dura es la realidad. Tratado como un fardo. Literalmente. Era su tercer intento de expulsión. Ferdinand fue esposado y, posteriormente, lo envolvieron en plástico de embalar desde los pies hasta el cuello. Como un fardo. Iba llorando, derrotado, golpeado por dentro y por fuera. Pisoteado en su dignidad más íntima. Frustrado en su proyecto vital, al tener que dejar en España a sus hijas. Vejado por lo denigrante del trato. Un ciudadano se preguntaría: ¿cómo se traslada a los internos al aeropuerto, y por qué? Un jurista se cuestionaría: ¿es una medida proporcionada e imprescindible? Y un autor clásico como fray Antón Montesino indagaría: éstos ¿no son hombres? ¿Por qué los tratáis como un fardo?
Gestiones. Cuando expulsan a alguien, hay que hacer muchas pequeñas gestiones, tan sencillas y básicas como importantes para la persona. Pero el internamiento y la deshumanización del sistema impiden muchas veces que se puedan realizar con normalidad, generando un sufrimiento adicional innecesario, gratuito y demoledor. Un caso habitual se refiere a la posibilidad de recibir dinero de familiares o amigos, sobre todo cuando el interno no tiene pasaporte. Un dinero que es suyo y que puede ayudar mucho en los primeros momentos del retorno forzoso a su país de origen, pero que muchas veces se convierte en una carrera de obstáculos infranqueable. Con cierta frecuencia, por ejemplo con Grace o con Gonzalo, hemos tenido que hacer de mediadores en este tema. Otros ejemplos son gestiones en torno a las maletas que se pierden, a llevar enseres personales a los internos que no tienen visitas, a contactos con los familiares… Pequeñas gestiones que pueden simplificar la vida, el internamiento o el retorno, o bien pueden ser fuente de dolor añadido.
Horror. Este es el relato del horror vivido por Houdou en su viaje a España desde marzo de 2011 a agosto de 2012. Diecisiete meses. Casi 3.000 km. Al salir de Burkina Faso tenía 20 años. La parte más “cómoda” del viaje la realizó hacinado en un pick-up con otros 40 viajeros desde Burkina Faso a Malí, o amontonado en lo alto de un autobús cruzando algún tramo del Sáhara. La parte más dura, sin embargo, fue atravesar durante semanas primero, y meses después el desierto. Bamako, Nouakchott, Dakla, Uchda, son etapas del viaje, la mayoría de ellas andando, en las que había que sobrevivir con una botella de agua para cada cinco o seis días. No todos lo consiguieron. Vio morir a más de quince personas. En alguna de estas localidades se demoraron algunos meses porque tuvieron que trabajar para poder pagar un sobreprecio que les exigían los que les guían para proseguir el viaje. Al llegar a Nador, tuvieron que esperar a los que organizaban la última etapa del viaje. Mientras, sobreviven gracias a la mendicidad y a los restos de basura que encuentran. Finalmente son embarcados para alcanzar un islote español no muy alejado de la costa marroquí. Su barca llega sin más incidentes. Los ocupantes de alguna otra son obligados a desembarcar cuando aún no hacen pie y alguno muere ahogado por no saber nadar. A su llegada al islote son detenidos por entrada irregular en España.
Cuando lo visito, lleva 35 días interno en el CIE de Aluche de Madrid. Me pide una tarjeta telefónica para poder llamar a su madre, con la que no hablaba desde hace muchos meses. En mi siguiente visita me cuenta que ya ha hablado con ella, pero no le ha contado detalles de su viaje. Le ha dicho que está en España y que está bien. Tras 60 días encerrado en el CIE, Houdou es liberado. ¿Logrará superar el horror de lo vivido?
Ingreso indiscriminado. El caso de Ismael se repite con relativa frecuencia. Vive en España desde hace ya bastantes años y está francamente asentado e integrado entre nosotros. En su caso, reside en el País Vasco y cobra una ayuda mensual de la Diputación Foral. Tiene un contrato de alquiler a su nombre, también subvencionado por la Diputación. Aunque la ley dice explícitamente que el internamiento es una medida excepcional y de último recurso, ¿cómo puede ser que la policía haya solicitado el internamiento en esta situación y cómo es posible que el juez lo haya autorizado? ¿Cómo pueden considerar que no hay domicilio fijo o que hay riesgo de fuga? Finalmente, Ismael fue liberado al ser admitido el recurso de reforma contra el internamiento. Pero el uso generalizado del internamiento y los ingresos indiscriminados constituyen una medida absurda y contra legem. Causan un sufrimiento gratuito e innecesario, pero que tiene sus costes: económicos, humanos y sociales.
Juez. No lo entiendo. Si la ley dice que el internamiento en el CIE es una medida extrema que sólo se debe emplear como último recurso, que no procede en el caso de mera estancia irregular, ¿qué hace Jaime en el CIE? Llegó aquí el día 20 de agosto de 2012 y ha sido expulsado el 16 de octubre, tras 58 días de encierro. Tenía una orden de expulsión por estancia irregular, sin agravante alguno, del año 2009. Vivía en España desde diciembre de 2005. Ha solicitado la regularización en dos ocasiones (una en 2006 y otra en 2009) pero ambas fueron denegadas. Tiene pareja estable en España aunque no están registrados como tal; ella tampoco tiene permiso de residencia. En España vive su madre y una hermana, que tiene dos hijos; además viven también dos sobrinos, de una hermana que ya ha fallecido. Toda su familia tiene permiso de residencia. Con estos precedentes, ¿cómo es que el juez consideró que había riesgo de fuga o falta de acreditación de identidad para decretar un procedimiento urgente? ¿Por qué autorizó el ingreso en el CIE? No lo entiendo.
Kilos. Es la rutina de las visitas por la tarde, en el locutorio. Una mampara de cristal. Se abre, unos segundos. Se cierra, una eternidad. Una mampara que es un muro. Un terminal de teléfono para comunicarse con el ser querido. Como en las películas, como en las cárceles de alta seguridad. Parece que todo el sistema del CIE piensa que hay riesgo de que entren unos gramos de hachís. En realidad, lo que se evita es que pasen kilos de cariño. Hoy he intentado contar las huellas en los cristales. ¡Qué frecuente es la angustiosa despedida entre los familiares, posando la palma de la mano sobre el cristal, frío, que congela el corazón! Incapaz de contar. Pero son decenas. A lo largo del año, miles de manos fijas en los cristales. Kilos de besos frustrados en el aparato telefónico, toneladas de lágrimas en los corazones desgarrados.
Lágrimas. Está totalmente hundido por la expulsión; tanto, que es difícil transmitir algo de consuelo o levantar el ánimo. Lamine es senegalés, de un pueblo llamado Kayar. Habla bien el español. Tiene 23 años, parece un chico sensato y tranquilo.
Lleva seis años en España, desde que llegó en patera a Tenerife en 2006. Estuvo unos 40 días en el CIE de Tenerife (Hoya Fría). Después lo soltaron y se fue a Fuengirola. Vive de la venta ambulante (como “mantero”), alojado en habitaciones de alquiler. Hoy le han notificado la expulsión, para el día siguiente. Ha empezado por decirme que a él no lo iban a sacar vivo de España. “En una caja me van a tener que llevar”. He intentado que se tranquilizara y que no pensara en hacer ninguna tontería, pues ya habíamos hablado días atrás sobre esta posibilidad y ya se había mentalizado para ello. Se ha echado a llorar con la cabeza baja por un rato sin que yo pudiera hacer más que pasarle el brazo por los hombros. “No lo entiendes, es más fácil para mí morir aquí que vivir en Senegal. No tengo ninguna posibilidad allí: abandoné la escuela y ya no puedo estudiar a mis 23 años. Y trabajo no hay. Ni siquiera sé si mi familia me admitirá con ellos allí.” Hemos llorado juntos. Hemos aguantado el silencio. Al cabo de un rato, parece que estaba algo más tranquilo e incluso me ha dicho que si no encontraba nada en Senegal a lo mejor se iba a algún país vecino.
Menor. Mohamed nació en Camerún el 22 de diciembre de 1995. Saltó la valla desde Marruecos a Melilla en agosto de 2011. Vino a España en busca de su hermano mayor, residente legal en España desde 1999, que vive actualmente en Barcelona. Tenía 16 años. Mohamed ingresó en el CIE de Aluche el 2 de agosto de 2012, con 17 años, conculcando la legislación española que establece claramente que los menores extranjeros no podrán ser ingresados en los CIE, y deberán ser puestos a disposición de los Servicios de Protección de Menores. Mohamed permaneció sólo unos días en un Centro de Menores de Melilla. Las autoridades españolas Determinaron unilateralmente que su fecha de nacimiento era el 6 de junio de 1992 y mayor de edad por tanto, y lo trasladaron al CETI de Melilla, donde permaneció casi un año. Durante ese tiempo, Mohamed logró que le enviaran desde Camerún un certificado de nacimiento, pero en el CETI le dijeron que los documentos no eran originales y que no podía acreditar nada con ellos. Por su parte, el expediente de expulsión iniciado se convirtió en orden de expulsión en septiembre de 2011 y, finalmente, se dictó orden de internamiento el 1 de agosto de 2012. Desde su ingreso en el CIE, empieza una carrera frenética por conseguir que le hagan llegar a tiempo desde Camerún, antes de su expulsión, un certificado de nacimiento original. A las dificultades administrativas habituales se une el que es periodo vacacional. Gracias a la ayuda de un amigo, que viaja a Camerún, consigue traer uno en tiempo récord. Mohamed lleva ya 48 días encerrado en el CIE. Nuestros abogados lo presentan personalmente en su consulado junto con una copia del auto de internamiento. Consiguen entrevistarse con el cónsul, alertándole de la irregularidad de que Mohamed esté interno.
El cónsul dice que va a contactar con Camerún para asegurarse de que el certificado es original y que hay que esperar a esos trámites. Mohamed fue finalmente puesto en libertad el 28 de septiembre.
Notificación. Aunque el auto del Juzgado de Vigilancia y Control es muy claro al respecto, las notificaciones de la expulsión tienen, con frecuencia, muchas incorrecciones e irregularidades. A Nicolás, por ejemplo, le notificaron el día 16 de enero que iba a volar al día siguiente, pero en la hoja de la notificación sólo ponía la fecha del vuelo, no figuraba la hora ni el aeropuerto de destino. El 17 de enero lo llamaron por la megafonía a las 20.45 horas para que se presentara; estuvo sentado donde esperan a los policías para que les lleven al aeropuerto hasta las 23.10 horas. Allí estaba con los policías que están en esa zona y esperaban a que vinieran los que le tenían que llevar al aeropuerto, pero no apareció nadie, ni le daban explicaciones. A las 23.10 horas ya cansado de esperar, le dijo al policía si podía subir a las habitaciones y esperar allí; el policía consultó en el ordenador algo y le dijo que subiera, que debía haber algún problema. No le han dado ninguna explicación después de eso ni le han vuelto a notificar nada.
Ojo. Es nigeriana. Entró en el CIE de Aluche el 4 de octubre, la trasladaron en coche policial desde Córdoba. Tiene una orden de expulsión de 2009, emitida en Barcelona. Llegó a España en 2005 y vivió en Barcelona hasta 2010, momento en que se trasladó a Córdoba donde actualmente vive en una habitación alquilada. Trabaja en la prostitución. No tiene antecedentes penales. Está vinculada a una asociación de mujeres en Córdoba, con quienes tiene una relación estrecha. Su novio vive en Madrid y ella tiene allí el domicilio para notificaciones, en Móstoles. Lo llamativo es que la policía fue a buscarla a la calle donde ejercía la prostitución. Una voluntaria de la asociación de Córdoba nos cuenta que el día que fueron a buscarla la policía iba con una lista para detener a varias de las chicas. Ese día no lo consiguieron, pero poco más tarde volvieron y detuvieron a algunas más. En resumen: ojo por dónde andas, no sólo hay “controles aleatorios” sino caza con lazo. Por cierto, el apellido de la joven es Ojo.
Pobreza. Dicen que en el CIE no hay sólo personas retenidas por mera estancia irregular, sino verdaderos delincuentes. Paula es una de esas personas. Fue deportada en una ocasión por expulsión judicial y quebrantó la prohibición de entrada. Claro, que había dejado en España a una hija de 10 meses, cosa que no mencionó al juez por temor a que le quitaran a su hija. Así que dejó al bebé con unos amigos de su confianza, la detuvieron y tuvo que cumplir prisión. En estos momentos tiene dos hijas, una de ellas con nacionalidad española, pues está casada con un ciudadano español, que actualmente está en prisión. A Paula la han detenido ahora a raíz de una denuncia por robo en un supermercado. No tenía cómo alimentar, vestir y sacar adelante a su hija. Sí, es cierto que Paula cometió un acto ilícito (o incluso dos), pero ¿por qué sólo los pobres acaban en prisión o en el CIE?
Quejas. Sí, los internos se quejan, y algunos de ellos se van haciendo conscientes de la importancia que tiene que sean ellos mismos quienes se expresen y manifiesten aquello que consideran una falta de respeto hacia ellos o una injusticia que vulnera sus derechos. Se va reconociendo entre ellos la figura del Juez de Control como aquel que puede velar por sus derechos. A lo largo de este año 2012, nos hemos encontrado con un número creciente de internos que tienen iniciativa para escribir directamente al juez y expresarle, de la forma más detallada posible, lo que ocurre: registros a horas intempestivas, policías que entran en las habitaciones desordenando todo y sin ningún cuidado hacia las pertenencias de los que duermen en esa habitación, agresión a otro compañero por pedir ayuda para otro interno, expulsión sin preaviso, pérdida de equipaje, trato incorrecto por parte de la policía, atención médica deficiente, etc. El hecho de que el Juez de Control les cite y les escuche directamente a ellos a raíz de la carta enviada, les devuelve cierta confianza en que es posible que las cosas se hagan de otro modo, significa para ellos reconocerlos como personas y, aunque muchas veces en el momento ya no tenga solución para ellos mismos, que al menos otros no lo sufran también.
Recurso. Está casado, actualmente en proceso de separación; tiene cuatro hijos, dos mayores de edad y dos pequeños. El cuarto nació en España y tiene DNI español. Ricardo tiene tarjeta de residencia en vigor hasta 2016. La abogada no pudo aportar esa documentación en el juicio cuando se decretó el internamiento, aunque después presentó recurso. El 16 de abril de 2012 fue detenido a las 16.29 horas por funcionarios del Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tras haber sido citado oficialmente en dependencias de la Comisaría Provincial de Ciudad Real. Ahí le notifican el acuerdo de iniciación de expediente administrativo de expulsión por el procedimiento preferente, lo hacen en base al artículo 57.2 (tener algún antecedente penal). Además lo obligaron a presentarse a firmar cada 15 días en comisaría. En una de estas ocasiones le comunicaron la expulsión y lo trasladaron al CIE para efectuarla. La abogada solicitó una medida cautelarísima y fue puesto en libertad. ¿Por qué lo ingresaron? Es otro caso de ingreso injusto e indiscriminado y de sufrimiento innecesario.
Suicidio. La historia de Souleyman es compleja, dura y demoledora, se mire por donde se mire. Es marroquí y habla bien castellano, pero casi no sabe escribir; tiene 19 años. Llegó a Ceuta con unos 11 o 12 años. Estuvo allí cinco años en un Centro de Menores abierto, de donde pasó a Algeciras en los bajos de un camión. Desde entonces, ha estado dando tumbos de centro en centro (Algeciras, Granada, Cádiz, Almería). Al cumplir la mayoría de edad (verano de 2012), no le dieron los papeles de residencia porque no tenía contrato de trabajo. Estuvo un mes en la calle y lo detuvieron acusado de robo con violencia y lo trajeron al CIE, donde ingresó el 22 de septiembre. El domingo 30 de septiembre logró fugarse del CIE saltando la valla y consiguió llegar a Irún. En un control policial fue detenido y lo trajeron de vuelta al CIE, adonde llegó el sábado 6 de octubre. Esa noche, Souleyman durmió en el suelo y los policías se mofaron de él, le dijeron que no iban a darle ni agua, ni comida, ni cama hasta que no les contara los incidentes del día 30. Por la mañana del domingo lo llevaron al médico del CIE, pero a la salida le estaban esperando tres o cuatro policías, que se echaron encima suyo y lo golpearon en la cabeza y dándole patadas por todo el cuerpo. Él se revolvió para defenderse y lo agarraron para patearle los genitales y más golpes en la cabeza hasta que dice que perdió el conocimiento. Despertó en una celda aislada sin ningún mueble, sólo lavabo e inodoro. Esa tarde intentó suicidarse con su propio cinturón, subiéndose al inodoro y colgando el cinturón de algún sitio en el techo. Le dieron una pastilla y se quedó dormido. Al despertar le habían llevado una cama a la habitación. Rompió las sábanas para preparar una especie de cuerda y volvió a intentar suicidarse. A finales de octubre es expulsado a Marruecos, país que dejó con 11 años. Lo devolvemos con una vida truncada, odio en el cuerpo y al menos dos intentos de suicidio.
Truncado. Habla despacio para controlar su tartamudez. Pero habla con igual calma en cuatro idiomas: francés, inglés, árabe y español. Su sueño es estudiar logopedia para volver a su país y ayudar a la gente con minusvalías como la suya. Habla despacio y siente que se le están pasando los años para cumplir su sueño. “No sé si me quedan fuerzas para seguir luchando”, dice. Originalmente de Mauritania, está perfectamente integrado en Argamasilla (Ciudad Real), donde había trabajado en el programa de inserción de inmigrantes del Ayuntamiento. Lo internaron y expulsaron sin tener en cuenta su minusvalía por la tartamudez: personal del CIE, juez de instrucción de Ciudad Real, policías que lo detuvieron, etc. No se le brindó un trato adecuado a dicha deficiencia con personal adecuado. Recuerdo que me decía su abogada que aunque no necesitaba intérprete, sí un poco más de paciencia y tacto, porque le costaba mucho hablar y expresarse, máxime detenido, esposado y hablando ante un juez en una situación de vulnerabilidad extrema. A medida que pasa el tiempo de internamiento se le ve más hundido, con menos fuerza e ilusión. Siente que su tiempo en España ha sido en vano, que lo ha perdido, es como si le hubiese caído una losa encima. Lo expulsaron sin el preaviso de las 12 horas que han establecido los Juzgados de Control de Madrid; estuve con él un día hasta la una de mediodía y, esa misma tarde, hacia las seis, lo expulsaron. Una vida entrecortada. Volvió a Mauritania con su tartamudez agudizada y sus sueños truncados.
Urgente. Como una carrera de obstáculos y, además, contrarreloj. Umar se queja porque no lo escucharon cuando quiso explicar que estaba casado con una española y tenía la tarjeta comunitaria. Afirma que la policía de Bilbao le quitó la tarjeta y le dijo que su matrimonio era de conveniencia, algo que él y su pareja niegan rotundamente. En el recurso de apelación ante la Audiencia, presentado el 2 de abril, el abogado ha aportado toda la documentación que acredita que su situación en España es regular. Aportó igualmente visado vigente hasta 2013. La policía le retiró la tarjeta de residencia de comunitario que tiene vigente hasta el 2016, razón que ha impedido aportarla, si bien ha solicitado al juez que la reclame de oficio a la policía. El jueves 11 de abril indicamos a Umar que debe pedir cita urgente con el SOJE para que le soliciten una cautelarísima. Al final de la mañana, recibe una carta indicándole el nombre y datos de contacto del abogado. Su mujer llamará al abogado, pero no le contesta, insistirá. Ya tiene la fotocopia de la tarjeta de residencia de familiar de comunitario. El miércoles día 18 de abril el abogado presenta la cautelarísima. El jueves 19 de abril por la mañana Umar es expulsado, sin que hayan contestado a la cautelarísima. Perdimos la contrarreloj. Quedamos agotados, la justicia y nosotros.
Vulnerable. El pobre Víctor es realmente eso, un pobre hombre. Una historia complicada en el terreno familiar y personal. Una extrema fragilidad psicológica. Diagnosticado y tratado, con relativos éxitos o relativos fracasos, de diversas adicciones, toxicomanía y ludopatía. Hasta ahí, todo normal en medio del dolor y el sufrimiento. Pero es que, además, Víctor carece de papeles; es un inmigrante en situación irregular. ¿Qué hace un enfermo psiquiátrico en el CIE? ¿Es el lugar adecuado para tratarle? ¿Qué tipo de atención puede recibir? ¿Dónde queda el tratamiento anterior? Y, por otro lado, ¿qué pasa también con el resto de internos? Convivir veinticuatro horas al día con un enfermo psiquiátrico, encerrados entre cuatro paredes, y compartiendo celdas (habitaciones se dice eufemísticamente) con otras siete personas, ¿qué sentido tiene?, ¿qué efecto en la salud mental de cada una de las personas allí encerradas?
What? No consigo comunicarme absolutamente nada con él, tan sólo logro que me escriba su nombre. Se llama Wahid. No habla ni español, ni inglés ni francés. No conseguimos a ningún interno que nos pueda hacer de intérprete pues ni siquiera nos entiende para poder explicarle que nos diga el número o el nombre de otro interno con el que él pueda comunicarse para que suban juntos a la visita. Una semana más tarde, visitando a otro interno, descubro que conoce a Wahid y que puede comunicarse con él. Le pido que nos haga de intérprete y puedo comenzar a visitarlos. Así me entero de que salió de Guinea Bissau y después de atravesar varios países llegó a Argelia, donde estuvo un año trabajando: de allí pasó a Marruecos, donde estuvo ocho meses. El 8 de agosto de 2012 saltó, junto con otros compañeros, la valla de Melilla. Estuvieron en el campo de Melilla un mes hasta que les detuvo la policía y el 14 de septiembre entraron en el CIE. Tiene 20 años, aunque parece más joven. Me dice que en Guinea Bissau hay guerra, que su familia es muy pobre, que no tiene madre ni padre pues les han matado en la guerra. Allí no tienen posibilidad de trabajar ni de comer… La sensación de aislamiento, la incapacidad de comunicarse y expresar su situación es tremenda. ¿Dónde está el servicio de traducción?¿Quién le ha explicado su situación jurídica?
Xilófono. El ruido y los gritos forman parte de la vida cotidiana del CIE. Afectan a todos, en general de manera desagradable. Pero algunas personas son más sensibles que otras, y quedan por eso más afectadas física y mentalmente. Algunos muestran una capacidad de resiliencia y una creatividad llamativas. Es el caso de Xavier, músico de profesión, internado en el CIE de Aluche. Él me cuenta que el ruido le resulta tan insoportable que ha ideado una “estrategia personal de auto-protección” que a mí me recuerda a Roberto Benigni en “La vida es bella”. Cuenta Xavier que cuando oye los ruidos fríos y demoledores de los barrotes de las celdas y las galerías, él se imagina que son piezas de un xilófono que están tocando alguna pieza musical. Sobre todo por la noche, cuando sacan a algún interno para ser expulsado, consigue que esta música llene su mente antes de que estalle. Los gritos y los insultos, tan frecuentes en el CIE, intenta convertirlos en arias de ópera. Y así procura sobrevivir los largos y espeluznantes 60 días que tiene por delante.
Yugo. Hoy, al salir del CIE tras mi visita semanal, siento que llevo un yugo sobre los hombros. Visita tras visita, a pesar de la mampara de cristal que nos separa, siento que hay ya una historia compartida con Yusuf. Noto que hay una carga que me pesa. No salgo del locutorio liviano, sino cargado. Cargado de vida, lleno de encuentro personal, saturado de dolor, inundado de indignación, repleto de tareas y responsabilidad. Recuerdo un escrito del Nuevo Testamento, la Carta a los Hebreos, que invita a ser solidario con los presos encerrados, sintiéndose “co-encadenados” con ellos. Tú y yo. Tú dentro y yo fuera. Pero unidos por un yugo. El yugo nos vincula en una relación personal y en una causa común. Es, pues, un yugo que me compromete a acompañar, servir y defender a las personas internas en el CIE. Me pregunto si este yugo servirá para aliviar, al menos un poco, los dolores de Yusuf.
Zurrar. Hacia las ocho de la tarde, un chico marroquí tuvo un ataque epiléptico. Este chico llevaba varios días muy nervioso y con mucha ansiedad. Se había apuntado todos estos días al médico, pero no lo habían llamado ningún día a consulta. Al darle el ataque se monta bastante revuelo y varios internos acuden a ayudarlo y a llevarlo a la enfermería. Zacarías es uno de ellos. Hay mal ambiente entre los internos porque están convencidos de que el ataque habría podido evitarse con mejor atención médica. Al terminar la cena, varios policías apartaron a Zacarías del grupo y le dijeron “tranquilo maricón que te vas a enterar” a la vez que lo abofeteaban. Él les preguntó que qué pasaba y le dijeron que habían visto que era el cabecilla de las protestas. Él lo negó, diciendo que lo único que había hecho era ayudar a ese chico junto con otros. No le sirvió de nada. A continuación, lo encerraron en el cuarto de equipajes, lo desnudaron y lo golpearon a la vez que lo insultaban a él y a su familia. Lo llevaron, aún desnudo, al módulo 2, a una celda abarrotada y sin litera libre para él, y les dijeron a los marroquíes “aquí os traemos a éste que se acaba de pelear con un marroquí”. Finalmente, después de más insultos y vejaciones, los policías le devolvieron su ropa después de pisotearla y ensuciarla, pero no el resto de sus
cosas. Pasó la noche en el suelo, en una celda sin calefacción, sin manta ni colcha. Mientras Zacarías estaba en esa celda, los policías entraron en su celda anterior y destrozaron prácticamente todo, lo suyo y lo del resto, rompiendo papeles y tirándolo todo al suelo.
Recomendaciones: ¿qué pedimos para el año 2013?
Fruto de la experiencia acumulada, recogida en este Informe, Pueblos Unidos sugiere a los diversos actores y responsables políticos, administrativos y judiciales las siguientes recomendaciones. Algunas se dirigen a una revisión general de cómo está sancionando España la estancia irregular de inmigrantes; otras, sin embargo, son medidas muy sencillas y concretas, que apelan a la sensibilidad y sentido común, fácilmente realizables a lo largo de 2013.
Al gobierno de España:
- Que establezca mecanismos que permitan identificar efectivamente a las personas extranjeras con necesidades de protección y que aseguren que se les garantiza dicha protección (refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata, menores, enfermos…).
- Que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno sancionen con multa la mera estancia irregular, en vez de con expulsión.
- Que promueva el retorno voluntario de los inmigrantes irregulares con preferencia a su expulsión forzosa. Para ello, es preciso conceder plazos amplios para el retorno, informar, de forma comprensible, a los inmigrantes de su situación jurídica, de las gestiones y decisiones que se vayan tomando y de todas las alternativas posibles, y facilitar ayudas económicas al retorno voluntario. Analizar los ejemplos que hay en otros países europeos.
- Que modifique sustancialmente el actual proyecto de Reglamento de los CIE, a fin de: incluir en el texto un procedimiento y criterios para solicitar el internamiento, de forma que se garantice que se utiliza efectivamente como último recurso y tomando en consideración las circunstancias particulares de cada caso, en particular, las circunstancias familiares y el estado de salud de la persona extranjera; garantizar los derechos de las personas internadas. Para ello, es insuficiente enumerarlos sino que, al tratarse de personas privadas de libertad, es preciso desarrollar en el Reglamento mecanismos concretos que permitan ejercitarlos y hacerlos efectivos.
Al Ministerio del Interior:
- Que modifique la práctica administrativa que sanciona a los inmigrantes irregulares, para adecuarla mejor al marco legal español y comunitario: tramitando las sanciones por el procedimiento ordinario, con carácter general, en vez de utilizar el procedimiento preferente; proponiendo la sanción de multa por la mera estancia irregular, en vez de expulsión; analizando las circunstancias particulares de cada caso; recurriendo a la expulsión forzosa y al internamiento sólo en casos excepcionales, debidamente motivados.
- Que dicte instrucciones claras a Policía Nacional de que no se solicite el internamiento en un CIE de personas que carezcan de antecedentes penales y que tengan arraigo en España.
A la Dirección General de Policía:
- Que haya cámaras en todas las estancias de todos los CIE, salvo baños y dormitorios.
- Que tome medidas para asegurar que la policía de los CIE vaya siempre identificada de forma visible.
- Que se establezca un servicio de intérpretes en todos los CIE, igual que en los juzgados y comisarías, para garantizar su derecho a la Información y para evitar indefensiones. Que se comunique a todas las personas internas la existencia de intérpretes y el modo de solicitarlos cuando ingresan en un CIE.
- Que establezca un protocolo de gestión de equipajes y enseres personales durante la expulsión de personas extranjeras que garantice su recuperación en caso de que la expulsión finalmente no se materialice.
- Que traslade de vuelta a la persona internada, en caso de ser puesta en libertad, a la localidad donde fue detenida o le financie el billete de regreso.
- Que arbitre medidas para que las personas internas puedan utilizar sus teléfonos móviles con normalidad y regularidad.
- Que se notifique la expulsión a las personas internas en el CIE con un preaviso de al menos, 24 horas, indicando obligatoriamente al interno el medio de transporte y lugar de destino y facilitándole una llamada gratuita a quien desee. Si vuela, debe informársele del número de vuelo, la hora de salida y llegada del mismo y el aeropuerto de destino.
A la dirección de los CIE:
- Que se asegure que cada persona internada recibe la ropa necesaria, en cantidad y calidad, durante el periodo que permanezca encerrada.
Al Consejo General del Poder Judicial:
Que brinde formación específica a los Juzgados de Instrucción sobre expulsión administrativa de personas extranjeras y Centros de Internamiento de Extranjeros.
A los Juzgados de Instrucción:
- Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Extranjería y la Directiva Europea 2008/115 sobre retorno de personas extranjeras con estancia irregular, analicen individualizadamente las solicitudes de internamiento de inmigrantes en los CIE y que, en aplicación del principio de proporcionalidad, no se autoricen de forma automática solicitudes de la policía en base a la existencia de una orden previa de expulsión. En particular, solicitamos que se tenga en cuenta el arraigo en España, el estado de salud de la persona para la que se solicita internamiento y su posible o no peligrosidad social.
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