Ecuador espera dar un paso adelante en la lucha contra la violencia machista, con la tipificación del crimen de feminicidio y su inclusión en el nuevo código penal en ciernes.
Un esfuerzo inicial para reducir la vulnerabilidad de las mujeres ecuatorianas se concretó cuando se presentaron en 2012 las primeras estadísticas de violencia de género y se demostró que 60 por ciento de la población femenina había sufrido algún maltrato.
Hoy se busca ir más allá e incluir el feminicidio, como se ha elegido denominar este delito, en el Código Orgánico Integral Penal, cuyo proyecto se presentó en diciembre de 2011 y que sería aprobado por la legislatura que se iniciará el 24 de mayo.
En este proyecto, el feminicidio se determina “cuando una persona mata a otra por el hecho de ser mujer, en circunstancias claramente establecidas”.
Son estas “pretender infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; mantener o haber mantenido con ella relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o laborales; ser resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima o de ritos grupales usando o no armas”.
¿Qué es lo que lleva a Ecuador a destacar este delito? En principio, la evidencia.
Análisis académicos y policiales indican que los asesinatos de mujeres por razón de su género aumentaron en forma drástica. El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana reportó 21 muertes por feminicidio en Quito en 2012, mientras que en 2011 los casos registrados fueron 28.
En la urbe más poblada del país, Guayaquil, situada sobre la costa del océano Pacífico, de 137 asesinatos de mujeres registrados entre enero de 2010 y junio de 2012, 47 fueron feminicidios y apenas cuatro concluyeron en sentencias judiciales, según el informe “Las rutas de la impunidad”, presentado el 14 de este mes por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de esa ciudad (Cepam).
Otra razón que empuja a crear la figura del feminicidio es la conmoción causada por la última serie de asesinatos de mujeres.
Karina del Pozo, de 20 años, desapareció el 20 de febrero en Quito. Hallaron su cuerpo ocho días después en un terreno baldío en el norte de la ciudad, con huellas de violencia física y un golpe en la cabeza que le causó la muerte.
Las investigaciones determinaron que sus matadores fueron tres conocidos suyos, que actuaron cuando la joven se negó a tener relaciones sexuales con uno de ellos, después de una fiesta a la que asistieron juntos.
A mediados de febrero se halló el cuerpo de una adolescente de 16 años dentro de un costal en la provincia andina de Cotopaxi, centro-norte del país, con signos de violencia sexual.
El 28 del mismo mes, Gabriela León, de 24 años, fue estrangulada y su cuerpo abandonado en un saco en la ciudad de Ibarra, en el norte. En todos los casos, los sospechosos o asesinos confesos son hombres.
Ante esta realidad, miles de personas salieron a las calles de Quito y otras ciudades afectadas a reclamar más seguridad, y familiares de las víctimas se han organizado para pedir que se considere el femicidio como un delito específico.
Ser trata de “el asesinato de una niña, adolescente o mujer, por el hecho de ser mujer o por las construcciones culturales según las cuales hombres de su círculo cercano sienten que tienen poder sobre ellas y su integridad”, detalló a IPS la legisladora izquierdista María Paula Romo, del partido opositor Ruptura 25.
La psicóloga Angélica Palacios, profesional en protección de delitos sexuales, señaló que “este es un tema de relación de poder que está inmerso en el sistema familiar, laboral, fraternal y social”.
Para Romo, incluir el femicidio en el nuevo código penal responde a “la necesidad de visibilizar esta forma de violencia extrema contra las mujeres, que tiene características tan distintas a otros delitos contra la vida”.
Sin embargo, no cree que la sola tipificación genere cambios. “Tipificarlo no sirve para prevenir ni para evitar, pero es una herramienta para hacer conciencia, para llamar a las cosas por su nombre, para capacitar y sensibilizar a los operadores de justicia, incluso para tener información estadística que nos permita trabajar para cambiar esta realidad”, dijo.
La propuesta legal contempla castigarlo con hasta 28 años de prisión, una pena similar a la del sicariato.
Para el legislador oficialista Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el propósito de la reforma es precautelar los derechos de las mujeres.
“Es distinto cuando una mujer muere a causa de un robo que cuando la muerte se da por el acoso, la violencia o el hostigamiento de su pareja o conviviente”, dijo.
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 2012, del total de mujeres que dijeron haber experimentado violencia de género (60 por ciento), una proporción de 76 por ciento la sufrieron a manos de sus parejas o exparejas.
A este dato se añaden otros: dos de cada cinco mujeres han sufrido violencia física, y una de cada cuatro ha sufrido violencia sexual.
Además, esa violencia emerge tanto en las ciudades (61,4 por ciento) como en el área rural (58,7 por ciento) y afecta a todos los estratos, pues el quintil más pobre y el más rico tienen grados superiores a 50 por ciento.
Ecuador se suma así a una tendencia latinoamericana. El feminicidio, como plantean denominarlo organizaciones feministas, o femicidio ha sido incorporado a las legislaciones de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, México y Perú.
Sin embargo, en varios de esos países –México y Guatemala, los más notorios– la sola tipificación no ha bastado para reducir la ola de violencia contra las mujeres.
http://periodismohumano.com/mujer/el-feminicidio-sera-delito-en-ecuador.html
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