La libanesa Samira Souweida rompió a llorar el día en que las autoridades de su país le informaron de que podían deportar a sus dos hijos por haberse retrasado en el pago para renovar sus permisos de residencia. Yousra, beirutí, paga 2.000 dólares al año por el colegio de su hijo menor, de padre jordano y sin derecho a las ayudas estatales para alumnos libaneses. Las dos hijas de Ghada Kaakani consiguieron la nacionalidad libanesa, la de su madre, tras casarse con ciudadanos del país, sus hijos, en cambio, siguen siendo refugiados palestinos. La lista de casos similares sigue. Ellas son libanesas, sus hijos, no, aunque no conozcan otro país. En Líbano, las mujeres que se casan con un extranjero están destinadas a parir una prole de inmigrantes, en el mejor de los casos, y de apátridas, en el peor.
La Ley de Nacionalidad libanesa prohíbe a las mujeres pasar su propia nacionalidad a sus hijos o a sus maridos, ya que solo reconoce los vínculos de sangre en el caso del padre. Es uno de los casos más flagrantes de discriminación de la mujer en un país que se jacta de haber avanzado más que sus vecinos en materia de igualdad. La escritora y feminista Joumana Haddad considera que esta situación ha provocado una "definitiva alienación entre las mujeres libanesas y la política". "En Líbano, donde algunas mujeres están tan orgullosas porque se les permite conducir coches, se sienten totalmente emancipadas porque pueden llevar minifalda, y miran por encima del hombro a sus equivalentes saudíes porque pueden pasear sin un guardián masculino, las mujeres continúan siendo discriminadas legalmente y en la práctica", escribe, haciendo hincapié en que "las mujeres libanesas aún están incapacitadas para pasar la nacionalidad a sus maridos e hijos".
Para activistas como Lina Abou Habib, representante del colectivo de derechos civiles CRTD-A y cabeza de la campaña "Mi nacionalidad es un derecho para mi y para mi familia", el Estado, simplemente, trata a las mujeres como ciudadanas de segunda. La absurda argumentación por la que el Gobierno se niega a cambiar la ley no es menos discriminatoria: peligra el Estado y peligra el equilibrio sectario, esto es, si el Gobierno reconociese a los hijos y maridos extranjeros de mujeres libanesas como nacionales, acabaría por haber más musulmanes que cristianos en un país donde todas las instituciones públicas, desde el Gobierno y el Parlamento, hasta el Ejército, pasando por las escuelas, tienen cuotas religiosas para garantizar la representación de las 18 comunidades reconocidas constitucionalmente. Esa amenaza, al parecer, no se da en el caso de los hombres.
Y eso que los números apuntan lo contrario. Los datos proporcionados por el propio Gobierno hablan de unos 76.000 matrimonios mixtos de mujeres libanesas con foráneos. Unas 16.800 están casadas con palestinos (cuya nacionalización pretende evitar el Gobierno a toda costa), frente a 15.596 libaneses casados con mujeres palestinas. La diferencia no llega a 1.300 personas, un volumen suficiente, o eso parece, para negar a las mujeres la igualdad de derechos con respecto a los varones.
Las cifras aportadas por Naciones Unidas ofrecen una perspectiva más afinada del problema: solo el 12,5% de los matrimonios mixtos son cristianos, frente a un 87,5% musulmanes (en su mayoría suní). Carente de un censo poblacional desde 1932, Líbano basa su equilibrio sectario en unos porcentajes estimados de un 30% de población cristiana, suní y chií, las tres mayoritarias, además de otras minorías como la drusa. Pese a la inexistencia de datos fiables actualizados, esa distribución es más una ensoñación que una realidad, especialmente después de quince años de guerra civil que condenó a una inmensa parte de población cristiana a la diáspora.
"Todo lo que se dice sobre nacionalización (de los palestinos) y equilibrio demográfico es simplemente retórica política y un intento de subrepresentar la realidad", opinaba el juez John Azzi tras saber que su histórica sentencia en favor de una libanesa viuda de un egipcio había sido revocada. "No están en contra de la nacionalización, más bien están en contra de las mujeres y las ven como legalmente inferiores. Es chovinismo machista". Azzi fue expulsado en 2009 como presidente del Tribunal de Primera Instancia de Metn tras fallar favorablemente sobre la concesión de la nacionalidad libanesa a los dos hijos de Samira Souweida. Solo dos días después, la sentencia fue anulada.
Un informe de la Universidad Americana de Beirut elaborado por las investigadoras de Derechos Humanos Maya W. Mansour y Sara G. Abu Aad destaca las incongruencias legales derivadas de una ley que el Gobierno ha rechazado cambiar o abolir en varias ocasiones, utilizando parches como la ampliación del permiso de residencia para maridos e hijos de libanesas a tres años, la reducción de las tasas o la garantía del permiso de trabajo (no aplicable a los palestinos). "(La ley) garantiza a los hijos ilegítimos más derechos que a los legítimos, en tanto en cuanto permite a una madre libanesa pasar a sus hijos su nacionalidad si no son legítimos. En algunos casos, madres libanesas han argumentado que sus hijos legítimos eran bastardos para poder otorgarles su nacionalidad", subraya el análisis. Más allá, puntualiza, "la ley libanesa otorga a las mujeres extranjeras más ventajas que a las mujeres libanesas".
Pero, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de ejercer esta "ciudadanía de segunda"? Los maridos e hijos extranjeros de mujeres libanesas tienen restricciones a la hora de heredar y se ven obligados a pagar por la educación y la asistencia sanitaria en un país en el que ninguna de las dos cosas son precisamente baratas. Eso sin hablar del papeleo, como es el caso de las mujeres casadas con hombres sirios: desde que estalló el conflicto en el país vecino, renovar el pasaporte de un hijo sirio puede suponer jugarse la vida.
El último mazazo a las reivindicaciones de activistas y asociaciones en defensa de los derechos de la mujer ha sido la paralización de la política libanesa. El último año ha visto la caída en bloque del Gobierno, la suspensión (por primera vez desde su Independencia) de unas elecciones parlamentarias y la coexistencia de un primer ministro en funciones y otro designado con la función de formar un nuevo Ejecutivo. Los proyectos de reforma de la ley se han convertido en poco más que papeles y promesas almacenados en algún cajón. Mientras, como protesta Ghada Kaakani, madre de dos palestinos, las mujeres libanesas de segunda seguirán pariendo "refugiados en su propio país".
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