75 años del sufragio femenino en España

En las Cortes de 1931 muchos temían que la mujer, tachada de "regresiva" y falta de espíritu crítico, pusiera en peligro a la joven República, pero el 1 de octubre, hace 75 años, se aprobó por primera vez en la historia española el artículo constitucional que consagró el derecho al voto femenino.

En esas Cortes sólo había tres mujeres y, paradójicamente, dos de ellas, Clara Campoamor y Victoria Kent, protagonizaron las posturas contrapuestas."No es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República", sostuvo Kent (Partido Radical Socialista) ante los parlamentarios para defender la necesidad de aplazar el voto femenino.

La mujer "para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con el mismo ideal", advirtió Kent para asegurar que, si todas las españolas fueran obreras o universitarias "y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino".

Frente a ella Campoamor, en contra de su propio partido, el Radical, fue la encargada de replicar a su colega para apostar por reconocer a la mujer como ser humano, por "pura ética", todos sus derechos. "Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla; respetad su derecho como ser humano", expuso a los diputados.

Aunque en el hemiciclo se enfrentó a sus propios compañeros de partido, venció su tesis y la votación en las Cortes de 1931 ganó el sí por 161 votos frente a 121. Pero la alegría de Campoamor y de quienes apoyaban el sufragio femenino tenía fecha de caducidad.
40 años de espera

El recién adquirido derecho se materializó dos años más tarde, en las elecciones de 1933, cuando las mujeres españolas pudieron acudir a expresarse políticamente en las urnas.

La alegría de Campoamor y de quienes apoyaban el sufragio femenino tenía fecha de caducidad. Sin embargo, apenas tres años después, tras las elecciones del 36, el golpe de estado y la dictadura franquista instaurada en 1939, las ilusiones democráticas se diluyeron no sólo para ellas, sino para todos los españoles.

 

No sería hasta la caída del régimen y con la puesta en marcha del engranaje de la transición política en la década de los 70 cuando, de nuevo, la ilusión del voto femenino volvió a ser una realidad en las elecciones democráticas de 1977.

Fuente: 20 Minutos.

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La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación no se tramitará

PP, UPyD y CiU se niegan a tramitar la proposición de ley para la Igualdad de Trato y no discriminación presentada por el PSOE para garantizar de manera efectiva el cumplimiento del principio de igualdad y proteger a los ciudadanos frente a cualquier tipo de discriminación, por entender que "no es el momento oportuno" y que el texto invade competencias autonómicas.

Así se deduce del debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley para la Igualdad de Trato y no discriminación del PSOE que acogió este martes la Cámara Baja.

La proposición, que retoma una iniciativa impulsada en la legislatura pasada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que no llegó a tramitarse, pretende evitar, según sus autores, casos como la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular o la educación segregada por sexos.

El debate de la toma en consideración de la propuesta contó con la presencia en el Hemiciclo de miembros de agrupaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Fundación Secretariado Gitano, Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y Movimiento contra la Intolerancia.

La portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, fue la encargada de defender la importancia de que la norma entrara en el Parlamento para su tramitación, ya que, dijo, prevendría y erradicaría conductas discriminatorias, al tiempo que protegería y repararía a las víctimas de cualquier forma de discriminación.

Montón señaló que si se tramitara y aprobara el texto, se impediría, por ejemplo, que episodios como el ocurrido en Alicante en 2010, donde se echó de un bar a un grupo de personas con discapacidad intelectual, vuelvan a repetirse.

Por todo esto, la diputada socialista pidió al Partido Popular que reconsidere su postura y que no se ampare en la crisis para negarse a tramitar el texto que proponen los socialistas.

NORMA "ABUSIVA"

Pese a su insistencia, el PP lo tiene claro: no permitirá que se tramite una norma que "deja la puerta abierta a todo tipo de abusos", peca de "absoluta imprecisión" a la hora de definir las conductas sancionables e invade competencias autonómicas.

Y por si esto fuera poco, explicó en el debate la popular Marta González, "no es el momento oportuno" de dar luz verde a una norma que pretende crear un organismo para velar por el cumplimiento de la igualdad y de la no discriminación, pues se solaparía con otros ya existentes que cumplen estos fines.

Finalmente, la parlamentaria popular afeó al PSOE el hecho de que no haya cambiado ni una coma del texto que pretendía sacar adelante en la pasada legislatura y que ya rechazaba el PP y que, al tiempo, pida el respaldo para la iniciativa.

Tampoco CiU está de acuerdo con la proposición de los socialistas, que, aunque "bienintencionada, invade competencias y destila excesiva carga ideológica", tal y como afirmó durante el debate Lourdes Ciuró.

La diputada quiso dejar claro que su grupo sí está de acuerdo con la filosofía y la finalidad del texto, lo que ocurre es que no comparte los medios que utiliza para alcanzarlas.

"POCO VALIENTE"

Contraria a todo esto es la postura de Izquierda Plural, que por boca de Ascensión de las Heras dijo que el texto es digno de pasar por el Parlamento y convertirse en ley, si bien no tal y como está redactado ahora mismo, ya que "plantea soluciones poco valientes y decididas" a problemas graves como los de las actitudes xenófobas y sexistas, que, además, subrayó, "van en aumento".

A juicio de UPyD, es posible apoyar la toma en consideración de la norma, pero no estar de acuerdo con su contenido actual, por lo que anunció que, de llegar a tramitarse, su grupo presentaría una enmienda a la totalidad.

En parecida sintonía con UPyD se manifestó Aitor Esteban, del PNV, quien afirmó que su grupo no vetará la propuesta, pero que tampoco la apoyará expresamente, pues hay aspectos que no comparten en absoluto.

Por último, al BNG la propuesta le provoca "dudas", aunque comparte con el PSOE la necesidad de combatir las desigualdades, y a UPN no le gusta en absoluto, ya que rechaza, entre otros, el punto que aboga por acabar con la financiación pública de los colegios que segregan por sexos.

Fuente: El Economista.es

Día Europeo en Memoria de las Victimas de Odio

                                                                                                       

A punto de cumplir un año de la mayor matanza que ha sufrido Noruega desde la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la vida de 76 personas, en su mayoría jóvenes militantes del Partido Laborista, diversas ONG´s europeas, demandan la instauración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Odio. En recuerdo de todas las víctimas de la intolerancia, para preservar su memoria, y para concienciar de la capacidad destructiva de las ideologías que fomentan el odio y la violencia.

El innombrable  asesino es  un terrorista alimentado por su ideología  racista, islamófoba y de extrema intolerancia, ideología compartida por una ultraderecha que está empeñada en destruir la democracia, la igualdad, la tolerancia y la convivencia intercultural, con la intención de liquidar todas las conquistas globales en materia de derechos humanos. Esta tragedia de terrorismo de odio desgraciadamente ha ido acompañada de otros crímenes que  han conmocionado a la ciudadanía de bien en la Unión Europea. La aparición de la asesina célula neonazi  en Alemania, los crímenes racistas contra inmigrantes en Italia, la persecución inhumana y criminal de gitanos en diferentes países del continente, los ataques a judíos, a musulmanes y sus lugares de culto, las agresiones a homosexuales y los ataques a personas y organizaciones negando su diversidad, configuran un panorama inquietante en toda Europa.

Vivimos tiempo de olvido, donde resulta imprescindible y radicalmente  necesario mantener la memoria de las víctimas. Necesitamos mayor compromiso solidario y refuerzo democrático frente al odio, y redoblar los esfuerzos de lucha para avanzar en todos los ámbitos frente a las lacras del racismo, la xenofobia y la intolerancia que de nuevo suponen una amenaza inminente para millones de personas en Europa, y para los valores que asumimos tras conocer la tragedia del Holocausto, con el fin de no repetir la historia.  Esto es objetivamente ineludible.

Para recorrer  en este camino en defensa de la dignidad humana, de los valores democráticos y de los derechos humanos, resulta necesario que nuestras instituciones avancen, promuevan e instituyan el Día Europeo en Memoria de la Víctima de Odio, que mantenga vivo el compromiso de solidaridad con quienes más  sufren e inviten a toda la ciudadanía a un ejercicio democrático de movilización en defensa de la víctima de odio. Entendemos que en memoria a tanto sufrimiento, el día 22 de Julio nos recuerda directamente a las víctimas en Oslo y Utoya, y a su vez nos permite referenciar una permanente llamada a la Justicia que emerge de este dolor compartido frente a los crímenes de odio. Propuesta que trasladamos al Parlamento Europeo para su aprobación.

Invitamos a la ciudadanía europea, a su sociedad civil, a  las entidades e instituciones a apoyar esta iniciativa, a trasladarlo al Parlamento Europeo y al resto de poderes públicos, a sumarse a las acciones que se desplieguen en este sentido.

En Oslo, Madrid, Roma, París, Varsovia, Berlín….          22 de julio de 2012

Pretenden que Madrid se convierta en "la cuna del fascismo"

Cientos de ultraderechistas han participado en una marcha, tolerada por las autoridades, repleta de banderas nazis y saludos fascistas

Cientos de ultraderechistas han marchado esta tarde en Madrid en una manifestación convocada por Falange Española y el Nudo Patriota Español en Defensa de la Unidad de España en el centro de Madrid. La marcha ha estado marcada por insultos a los aficionados de Barcelona y Athletic de Bilbao que se han desplazado a la capital para ver la final de Copa, a los que han acusado de separatistas y terroristas, así como por banderas franquistas o hitlerianas y cánticos como: “España será la cuna del fascismo”. La marcha contaba con la autorización de las autoridades.

La manifestación, que ha comenzado pasadas las seis de la tarde, coincide con las horas previas a la celebración de la final de la Copa del Rey de Fútbol en el estadio Vicente Calderón , donde disputarán este trofeo el Athletic de Bilbao y el Barcelona. En un discurso pronunciado por Álvaro Romero Ferreiro, de Falange, la organización ha justificado la protesta como respuesta a las presuntas provocaciones de los seguidores de los hinchas de ambos equipos de fútbol. “Las autoridades han permitido que facciones separatistas vengan a Madrid a demostrar que quieren separarse de España”, ha señalado Romero.

A lo largo del recorrido los manifestantes han coreado eslóganes como "España unida jamás será vencida", "España entera y solo una bandera" o “rojo el que no bote” entre banderas de las SS hitlerianas, aguiluchos y esvásticas.  La marcha estaba encabezada por una gran bandera española portada por doce personas y por una pancarta que rezaba "La unidad de España no se vota ni se negocia", de Falange Española. Entre las frases más coreadas también estaba "Cataluña española",  "Orgullosos de ser españoles", "Separatistas terroristas", "Separatismos, ilegalización" y "Euskal presoak (presos vascos) cámara de gas".

Manifestación permitida

La manifestación ha finalizado alrededor de las 20.00 horas cuando los manifestantes han extendido la mano en el gesto del saludo fascista y han cantado tanto el Cara al sol como el himno de España preconstitucional. Por último, los asistentes han reclamado la puesta en libertad del soldado Josué Estébanez, condenado a 26 años de cárcel por matar al joven Carlos Javier Palomino en un vagón de Metro de la estación de Legazpi, en 2007.

La Delegación del Gobierno en Madrid, que en un principio admitió sin reparos la marcha, intentó retrasar la manifestación hasta el próximo lunes, para evitar su coincidencia con el partido de fútbol, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la resolución que había adoptado en este sentido.

PÚBLICO

Madrid empieza la exclusión sanitaria de los inmigrantes por los más pobres

La carrera ha comenzado y ya empiezan a aparecer los primeros perjudicados. La Comunidad de Madrid ha aplicado ya una de las medidas más polémicas desde un punto de vista sanitario: impedir que los extranjeros empadronados pero sin residencia legal consigan la tarjeta sanitaria. Con ello les restringe la posibilidad de acceder al sistema sanitario y les deja como única vía ante cualquier problema de salud acudir a urgencias. La medida sigue levantando críticas, como la de los expertos en sida Seisida. Otras víctimas de esta carrera por restringir gastos a corto plazo son algunas prestaciones, como los ambulatorios por la tarde que se cierran o, ya en manos de la Administración central, la clausura de programas de investigación.

La instrucción de la Consejería de Sanidad de Madrid que da el pistoletazo de salida es clara. En una circular fechada el 4 de mayo, 10 días después del real decreto ley que establecía el último paquete de recortes, una Unidad Periférica de Tramitación (UPT) de la tarjeta sanitaria especifica que “no deben iniciarse” las “solicitudes nuevas” de personas “sin recursos” que “carecen de NIE”. Este NIE es el número de identificación de extranjero, el equivalente al DNI para los españoles, que acredita que una persona tiene residencia legal. En la práctica esto supone que los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) ya están sintiendo el efecto de las medidas de recortes de la prestación acordadas por el Gobierno, porque aunque estén empadronados (el requisito que se les exigía hasta ahora), la orden es “no recoger el expediente si no aportan la documentación requerida”, lo que les deja automáticamente fuera del sistema.

La orden interna, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está dirigida a aclarar las dudas de las oficinas que tramitan la tarjeta sanitaria y supone un endurecimiento de la actual reglamentación. Esta, según figura todavía en el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid, indica que, para quienes no tengan NIE, basta con “la solicitud cumplimentada y firmada por el usuario que será facilitada en el centro de salud”, el “volante o certificado de su inscripción en el padrón de habitantes del municipio de residencia en la Comunidad de Madrid (original y actualizado)” y la “declaración jurada sobre los ingresos económicos, conforme al modelo que se facilitará en el centro de salud” (al ser personas en situación ilegal no pueden presentar declaración de la renta, ya que no pueden cotizar). Es decir, que el requisito clave era estar inscrito en el padrón, que es lo que ahora se va a suprimir, antes incluso de que haya algún tipo de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno central.

La viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, indica que la instrucción solo pone en marcha lo acordado en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del 20 de abril, y que entró en vigor el 24 de abril. “Por eso hemos emitido la instrucción”, afirma.

Flores explica que hay dos situaciones: por un lado, los extranjeros que, aunque estén en situación irregular, sí que tienen tarjeta sanitaria porque estaban empadronados. “A estos se les quitará el 31 de agosto, que es lo que establece el decreto”, afirma. La diferencia con los otros a los que se les va aplicar la circular es que se trata de “solicitantes de tarjeta nueva”, añade.

El impacto de la medida no está claro. En enero de 2012 había en Madrid, según datos del Gobierno autónomo, 1.047.174 extranjeros empadronados —algo más del 16% de la población—, de los que 902.816 tenían tarjeta de residencia. Eso quiere decir que la medida puede dejar fuera del sistema sanitario a 144.358 personas en Madrid, que es la diferencia entre los empadronados y los que tienen la tarjeta. La Consejería de Asuntos Sociales, que es la que aporta los datos, no da el desglose entre los que tienen recursos y los que no, con lo que no se puede saber el impacto real de la decisión.


Eso sí, el número de inmigrantes —tanto en Madrid como en el resto de España— está en descenso desde 2010. Ese año se alcanzaron en Madrid casi 1.119.000 extranjeros empadronados. Desde entonces su número desciende, ya sea porque vuelven a sus países por la crisis o porque se nacionalizan por arraigo, y es posible que parte de las bajas no estén reflejadas en el padrón, con lo que la cifra de afectados podría ser menor.

La restricción al acceso sanitario de los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) es uno de los aspectos que más preocupa a los expertos en salud pública, ya que esta población sufre en mayor medida casos de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o el VIH, por lo que dejarles fuera del sistema puede dificultar el control general de estas afecciones. Pero también hay otras condiciones crónicas que se quedarán sin tratamiento, desde cánceres a diabetes. La ministra de Sanidad, Ana Mato, mencionó al defender la medida que podría ahorrar unos 500 millones, aunque la posterior memoria económica del real decreto no la recogía. Sí que mencionaba los 971 millones que se podrían ahorrar por la atención a europeos comunitarios, cuya atención no era facturada a sus países, según reflejaba un estudio de 2009 del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, en el documento se especifica que, “hasta que no se publique cómo llevarlo a cabo”, los mayores de 26 años deberán seguir recibiendo asistencia como hasta ahora. Esto es así, afirma Flores, porque todavía no está establecido el sistema de conexión con la Seguridad Social, que es el que deberá fijar quiénes de ellos tienen que acudir al sistema de acceso a la tarjeta para persona sin recursos. En este caso, Madrid sí va a esperar a las instrucciones del Gobierno.

La FELGT denuncia al Obispo de Alcalá, por HOMÓFOBO

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la coordinadora en Madrid de este movimiento han denunciado ante la Fiscalía de Madrid al obispo de Alcalá por provocación a la discriminación y al odio en su homilía del Viernes Santo, que emitió en directo La 2 de RTVE.

"Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo" (...) "Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres. Os aseguro que encuentran en infierno" (...) "algunos de ellos incluso abusados dentro de sus propias familias", dijo el obispo.

Esta homilía "relacionaba la homosexualidad con la corrupción, la prostitución y el abuso, y anteponía el prejuicio a la realidad de la diversidad afectiva y sexual", critica la FELGTB, que añade que "dichas palabras podrían incurrir en el Delito de Provocación a la Discriminación y el Odio, según establece el Código Penal en su artículo 510.

El prelado lanzó "un mensaje intencionado de oscuridad, de estigma y de ilegalidad a un sector de población -los jóvenes lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB)- que vive en extraordinario riesgo de exclusión, de acoso y de sufrir una baja autoestima de considerables consecuencias psicológicas", reza el comunicado de la FELGTB. "Son este tipo de comentarios públicos los que generan en estos jóvenes el malestar consigo mismos y los que provocan que numerosas familias no les aporten el apoyo necesario, dejándolos a la merced de la exclusión, acoso y violencia que sufren a diario", remata la Federación.

La FELGTB recuerda en su comunicado que también ha presentado una protesta escrita ante elConsejo de Administración de RTVE solicitado que se investigue si "ha incurrido en falta" al emitir las palabras del prelado. Asimismo, la Federación ha pedido que la Corporación retire de su web las palabras del obispo y ha mandado quejas a la Defensora del espectador de la Corporación y a la Defensora del Pueblo.

Una asociacion de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Valencia denuncia al obispo de Alcalá

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, no sólo cargó contra los homosexualesdurante su homilía del pasado viernes Santo. Según la Federación Valenciana de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Fevalgtb) y la Asociación Grupo de Amigos Gay de Benidorm, el prelado cometió "un delito de fomento y apologia del odio contra las libertades sexuales, conforme a lo previsto en el artículo 510.1 del Código Penal". Tal y como han comunicado al juzgado número 3 de Benidorm (Alicante), este artículo "establece sanciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideologia, religión o creencias, sexo, orientación sexual, (...) y vulnera los derechos constitucionales".

El presidente de la Fevalgtb, Juan Luis San Nicolás Lajara, denuncia que Reig Plá hizo "manifestaciones contra la comunidad de homosexuales en una plataforma televisiva pública como es Radio Televisión Española, ente sufragado con dinero del estado y los españoles". La Fevalgtb, que ha recibido centenares de quejas en sus diversas oficinas, señala además que las declaraciones del obispo "han creado un malestar general entre la comunidad española de homosexuales". Reig Plá, reza la denuncia, ha mostrado su "odio a los homosexuales", tachándolos de promiscuos y "prostitutos coprrompidos".

"Por su condición de persona pública y cargo eclesiástico, sus declaraciones pueden despertar en el sector más intolerante de la sociedad reacciones adversas para nuestro colectivo,fomentando odio, rechazo y homofobia", afirma el representante de la Fevalgtb. Por todo ello, la asociación pide que se abran "las diligencias de investigación necesarias [tras las diligencias previas] para el esclarecimeinto y depuración de las responsabilidades penales del autor del presunto delito".

Al margen de esta denuncia, registrada hoy en el juzgado, las dos organizaciones están trabajando en un programa que remitirán al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que contempla "una revisión de la comisión de los delitos contra los derechos igualitarios y minorías sexuales" y reclama que "se endurezca la ley para los casos previstos en el Código Penal".