Pretenden que Madrid se convierta en "la cuna del fascismo"

Cientos de ultraderechistas han participado en una marcha, tolerada por las autoridades, repleta de banderas nazis y saludos fascistas

Cientos de ultraderechistas han marchado esta tarde en Madrid en una manifestación convocada por Falange Española y el Nudo Patriota Español en Defensa de la Unidad de España en el centro de Madrid. La marcha ha estado marcada por insultos a los aficionados de Barcelona y Athletic de Bilbao que se han desplazado a la capital para ver la final de Copa, a los que han acusado de separatistas y terroristas, así como por banderas franquistas o hitlerianas y cánticos como: “España será la cuna del fascismo”. La marcha contaba con la autorización de las autoridades.

La manifestación, que ha comenzado pasadas las seis de la tarde, coincide con las horas previas a la celebración de la final de la Copa del Rey de Fútbol en el estadio Vicente Calderón , donde disputarán este trofeo el Athletic de Bilbao y el Barcelona. En un discurso pronunciado por Álvaro Romero Ferreiro, de Falange, la organización ha justificado la protesta como respuesta a las presuntas provocaciones de los seguidores de los hinchas de ambos equipos de fútbol. “Las autoridades han permitido que facciones separatistas vengan a Madrid a demostrar que quieren separarse de España”, ha señalado Romero.

A lo largo del recorrido los manifestantes han coreado eslóganes como "España unida jamás será vencida", "España entera y solo una bandera" o “rojo el que no bote” entre banderas de las SS hitlerianas, aguiluchos y esvásticas.  La marcha estaba encabezada por una gran bandera española portada por doce personas y por una pancarta que rezaba "La unidad de España no se vota ni se negocia", de Falange Española. Entre las frases más coreadas también estaba "Cataluña española",  "Orgullosos de ser españoles", "Separatistas terroristas", "Separatismos, ilegalización" y "Euskal presoak (presos vascos) cámara de gas".

Manifestación permitida

La manifestación ha finalizado alrededor de las 20.00 horas cuando los manifestantes han extendido la mano en el gesto del saludo fascista y han cantado tanto el Cara al sol como el himno de España preconstitucional. Por último, los asistentes han reclamado la puesta en libertad del soldado Josué Estébanez, condenado a 26 años de cárcel por matar al joven Carlos Javier Palomino en un vagón de Metro de la estación de Legazpi, en 2007.

La Delegación del Gobierno en Madrid, que en un principio admitió sin reparos la marcha, intentó retrasar la manifestación hasta el próximo lunes, para evitar su coincidencia con el partido de fútbol, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la resolución que había adoptado en este sentido.

PÚBLICO

Madrid empieza la exclusión sanitaria de los inmigrantes por los más pobres

La carrera ha comenzado y ya empiezan a aparecer los primeros perjudicados. La Comunidad de Madrid ha aplicado ya una de las medidas más polémicas desde un punto de vista sanitario: impedir que los extranjeros empadronados pero sin residencia legal consigan la tarjeta sanitaria. Con ello les restringe la posibilidad de acceder al sistema sanitario y les deja como única vía ante cualquier problema de salud acudir a urgencias. La medida sigue levantando críticas, como la de los expertos en sida Seisida. Otras víctimas de esta carrera por restringir gastos a corto plazo son algunas prestaciones, como los ambulatorios por la tarde que se cierran o, ya en manos de la Administración central, la clausura de programas de investigación.

La instrucción de la Consejería de Sanidad de Madrid que da el pistoletazo de salida es clara. En una circular fechada el 4 de mayo, 10 días después del real decreto ley que establecía el último paquete de recortes, una Unidad Periférica de Tramitación (UPT) de la tarjeta sanitaria especifica que “no deben iniciarse” las “solicitudes nuevas” de personas “sin recursos” que “carecen de NIE”. Este NIE es el número de identificación de extranjero, el equivalente al DNI para los españoles, que acredita que una persona tiene residencia legal. En la práctica esto supone que los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) ya están sintiendo el efecto de las medidas de recortes de la prestación acordadas por el Gobierno, porque aunque estén empadronados (el requisito que se les exigía hasta ahora), la orden es “no recoger el expediente si no aportan la documentación requerida”, lo que les deja automáticamente fuera del sistema.

La orden interna, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está dirigida a aclarar las dudas de las oficinas que tramitan la tarjeta sanitaria y supone un endurecimiento de la actual reglamentación. Esta, según figura todavía en el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid, indica que, para quienes no tengan NIE, basta con “la solicitud cumplimentada y firmada por el usuario que será facilitada en el centro de salud”, el “volante o certificado de su inscripción en el padrón de habitantes del municipio de residencia en la Comunidad de Madrid (original y actualizado)” y la “declaración jurada sobre los ingresos económicos, conforme al modelo que se facilitará en el centro de salud” (al ser personas en situación ilegal no pueden presentar declaración de la renta, ya que no pueden cotizar). Es decir, que el requisito clave era estar inscrito en el padrón, que es lo que ahora se va a suprimir, antes incluso de que haya algún tipo de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno central.

La viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, indica que la instrucción solo pone en marcha lo acordado en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del 20 de abril, y que entró en vigor el 24 de abril. “Por eso hemos emitido la instrucción”, afirma.

Flores explica que hay dos situaciones: por un lado, los extranjeros que, aunque estén en situación irregular, sí que tienen tarjeta sanitaria porque estaban empadronados. “A estos se les quitará el 31 de agosto, que es lo que establece el decreto”, afirma. La diferencia con los otros a los que se les va aplicar la circular es que se trata de “solicitantes de tarjeta nueva”, añade.

El impacto de la medida no está claro. En enero de 2012 había en Madrid, según datos del Gobierno autónomo, 1.047.174 extranjeros empadronados —algo más del 16% de la población—, de los que 902.816 tenían tarjeta de residencia. Eso quiere decir que la medida puede dejar fuera del sistema sanitario a 144.358 personas en Madrid, que es la diferencia entre los empadronados y los que tienen la tarjeta. La Consejería de Asuntos Sociales, que es la que aporta los datos, no da el desglose entre los que tienen recursos y los que no, con lo que no se puede saber el impacto real de la decisión.


Eso sí, el número de inmigrantes —tanto en Madrid como en el resto de España— está en descenso desde 2010. Ese año se alcanzaron en Madrid casi 1.119.000 extranjeros empadronados. Desde entonces su número desciende, ya sea porque vuelven a sus países por la crisis o porque se nacionalizan por arraigo, y es posible que parte de las bajas no estén reflejadas en el padrón, con lo que la cifra de afectados podría ser menor.

La restricción al acceso sanitario de los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) es uno de los aspectos que más preocupa a los expertos en salud pública, ya que esta población sufre en mayor medida casos de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o el VIH, por lo que dejarles fuera del sistema puede dificultar el control general de estas afecciones. Pero también hay otras condiciones crónicas que se quedarán sin tratamiento, desde cánceres a diabetes. La ministra de Sanidad, Ana Mato, mencionó al defender la medida que podría ahorrar unos 500 millones, aunque la posterior memoria económica del real decreto no la recogía. Sí que mencionaba los 971 millones que se podrían ahorrar por la atención a europeos comunitarios, cuya atención no era facturada a sus países, según reflejaba un estudio de 2009 del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, en el documento se especifica que, “hasta que no se publique cómo llevarlo a cabo”, los mayores de 26 años deberán seguir recibiendo asistencia como hasta ahora. Esto es así, afirma Flores, porque todavía no está establecido el sistema de conexión con la Seguridad Social, que es el que deberá fijar quiénes de ellos tienen que acudir al sistema de acceso a la tarjeta para persona sin recursos. En este caso, Madrid sí va a esperar a las instrucciones del Gobierno.

La FELGT denuncia al Obispo de Alcalá, por HOMÓFOBO

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la coordinadora en Madrid de este movimiento han denunciado ante la Fiscalía de Madrid al obispo de Alcalá por provocación a la discriminación y al odio en su homilía del Viernes Santo, que emitió en directo La 2 de RTVE.

"Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo" (...) "Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres. Os aseguro que encuentran en infierno" (...) "algunos de ellos incluso abusados dentro de sus propias familias", dijo el obispo.

Esta homilía "relacionaba la homosexualidad con la corrupción, la prostitución y el abuso, y anteponía el prejuicio a la realidad de la diversidad afectiva y sexual", critica la FELGTB, que añade que "dichas palabras podrían incurrir en el Delito de Provocación a la Discriminación y el Odio, según establece el Código Penal en su artículo 510.

El prelado lanzó "un mensaje intencionado de oscuridad, de estigma y de ilegalidad a un sector de población -los jóvenes lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB)- que vive en extraordinario riesgo de exclusión, de acoso y de sufrir una baja autoestima de considerables consecuencias psicológicas", reza el comunicado de la FELGTB. "Son este tipo de comentarios públicos los que generan en estos jóvenes el malestar consigo mismos y los que provocan que numerosas familias no les aporten el apoyo necesario, dejándolos a la merced de la exclusión, acoso y violencia que sufren a diario", remata la Federación.

La FELGTB recuerda en su comunicado que también ha presentado una protesta escrita ante elConsejo de Administración de RTVE solicitado que se investigue si "ha incurrido en falta" al emitir las palabras del prelado. Asimismo, la Federación ha pedido que la Corporación retire de su web las palabras del obispo y ha mandado quejas a la Defensora del espectador de la Corporación y a la Defensora del Pueblo.

Una asociacion de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Valencia denuncia al obispo de Alcalá

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, no sólo cargó contra los homosexualesdurante su homilía del pasado viernes Santo. Según la Federación Valenciana de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Fevalgtb) y la Asociación Grupo de Amigos Gay de Benidorm, el prelado cometió "un delito de fomento y apologia del odio contra las libertades sexuales, conforme a lo previsto en el artículo 510.1 del Código Penal". Tal y como han comunicado al juzgado número 3 de Benidorm (Alicante), este artículo "establece sanciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideologia, religión o creencias, sexo, orientación sexual, (...) y vulnera los derechos constitucionales".

El presidente de la Fevalgtb, Juan Luis San Nicolás Lajara, denuncia que Reig Plá hizo "manifestaciones contra la comunidad de homosexuales en una plataforma televisiva pública como es Radio Televisión Española, ente sufragado con dinero del estado y los españoles". La Fevalgtb, que ha recibido centenares de quejas en sus diversas oficinas, señala además que las declaraciones del obispo "han creado un malestar general entre la comunidad española de homosexuales". Reig Plá, reza la denuncia, ha mostrado su "odio a los homosexuales", tachándolos de promiscuos y "prostitutos coprrompidos".

"Por su condición de persona pública y cargo eclesiástico, sus declaraciones pueden despertar en el sector más intolerante de la sociedad reacciones adversas para nuestro colectivo,fomentando odio, rechazo y homofobia", afirma el representante de la Fevalgtb. Por todo ello, la asociación pide que se abran "las diligencias de investigación necesarias [tras las diligencias previas] para el esclarecimeinto y depuración de las responsabilidades penales del autor del presunto delito".

Al margen de esta denuncia, registrada hoy en el juzgado, las dos organizaciones están trabajando en un programa que remitirán al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que contempla "una revisión de la comisión de los delitos contra los derechos igualitarios y minorías sexuales" y reclama que "se endurezca la ley para los casos previstos en el Código Penal".

Se consigue la cancelación de dos conciertos del cantante homófobo Sizzla tras recibir miles de firmas

La Sala Arena-Marco Aldany de Madrid y el auditorio de Escuelas San José de Valenciahan cancelado los conciertos del artista jamaicano Sizzla tras el apoyo de más de 40.000 personas a la petición en la plataforma Actuable para que estos locales no cedieran sus espacios para las actuaciones del rapero por las letras contra los homosexuales de algunas de sus canciones.

En las últimas doce horas, más de 20.000 personas han firmado una petición que hasta entonces sumaba 27.000 apoyos. Ante las firmas, que han llevado por tanto a más de 40.000 personas a enviar correos electrónicos a las salas, sus responsables anunciaron las cancelacionesde los eventos.

"Voy y disparo a maricas con una pistola", "Sodomitas y maricas, muerte para ellos" o "Boom boom! Los maricas deben morir"; son algunas de las frases que Sizzla canta en algunas de sus canciones. Ante la programación de conciertos del jamaicano, laFELGTB (Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) inició la petición.

En 2007, Sizzla firmó un documento en el que se comprometió a "respetar y defender los derechos de todos los individuos a vivir sin violencia sea cual sea su religión, orientación sexual, raza, etnia o género". Pocos meses después, en su tour europeo, cantó en casi todas sus actuaciones la canción 'Nah Apologize', que dice "jamás pediré perdón a un gay". Incluso la semana pasada, Sizzla interpretó en Jamaica uno de los temas en que anima a agredir a homosexuales.

Solo en la Apolo

La Sala Apolo de Barcelona es la única que aún tiene programado el concierto. Esta sala ha emitido un comunicado en el que informa que Sizzla se ha comprometido a no cantar esas canciones y que las autoridades, como el gobierno de la Generalitat o el fiscal provincial han sido avisados. La nota también se refiere al documento firmado por Sizzla en 2007 y que ha incumplido en varias ocasiones, la más reciente la semana pasada.

Esta petición no es la primera que existe para pedir a las salas que no permitan las actuaciones de Sizzla. Una petición en Change.org pide lo mismo a varias salas europeas. El concierto enEstocolmo ya ha sido cancelado. En los años 2008 y 2009, Canadá y Alemania ya suspendieron varios de sus conciertos. La venta de dos álbumes de Sizzla está prohibida en Alemania.

En nuestro país, la Sala Vívero de Málaga ya canceló su concierto, al igual que la sala La Rambleta de Valencia.

Absueltos cuatro activistas denunciados por documentar controles a inmigrantes

Los activistas por los derechos humanos ejercerán su labor más tranquilos a partir de ahora, después de que un juzgado haya avalado la labor de un grupo de voluntarios que intentaron documentar un control policial a inmigrantes que tildaron de "racista" en Madrid.

A petición de la Fiscalía, la titular del juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, absolvió este martes a cuatro miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanosque fueron denunciados en 2011 por dos policías nacionales.

Los agentes les acusaron defalta de respeto a la autoridad y desobediencia leve (artículo 634 del Código Penal) cuando los activistas les preguntaron los motivos por los que solicitaban sus documentos de identidad solo a ciudadanos con apariencia de extranjeros, principalmente marroquíes o subsaharianos.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 24 de noviembre a la salida del metro de Plaza de Castilla, a pocos metros del mismo juzgado donde se celebró la vista este martes. Durante la misma, uno de los policías aseguró que fueron increpados por los voluntarios. También justificó que la retención del joven al que identificaban cuando los brigadistas aparecieron se debía a que los rasgos de este coincidían con los del sospechoso de un robo reciente en la zona.

Los acusados, que estuvieron arropados a las puertas del juzgado por una treintena de compañeros, negaron cualquier insulto a los agentes de la autoridad. Tras oír la decisión de la juez, el colectivo se ratificó en su decisión de seguir documentando unas prácticas que, a su juicio, violan el derecho de constitucional de libertad de circulación. "No se puede identificar a nadie sin motivo ni procedimiento", recalcaron.

Interior negó los controles

El veredicto de absolución supone un hito para las Brigadas Vecinales, ya que la de este martes era la primera denuncia por la vía penal a la que se enfrentaban. "Ya nos habían impuesto sanciones administrativas de entre 300 y 500 euros", explica Javier Carequinha, portavoz del colectivo, a 20minutos.es. La primera de ellas fue en diciembre de 2010 en Lavapiés. En febrero y mayo de 2011, la situación se repitió en la plaza de Oporto.

Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos nacieron en diciembre de 2009 para documentar unos "controles racistas" y posteriores "detenciones preventivas" cuya existencia venía negando el Ministerio del Interior. Los 'puntos calientes' de estas redadas eran las estaciones de metro más céntricas de Madrid y los grades intercambiadores de transportes como Sol, Gran Vía, Plaza de España, Pacífico, Plaza de Castilla o Tirso de Molina.

En marzo de ese mismo año, el secretario de Estado de Seguridad y después ministro del ramo Antonio Camacho admitió que los policías madrileños debían cumplir una serie de cupos de identificación de inmigrantes ilegales para su posterior expulsión del país. Camacho, sin embargo, achacó estas actuaciones a un "error operativo" de "cuatro o cinco comisarías" y aseguró que la situación no se volvería a repetir.

Entre 2010 y el verano de 2011, sin embargo, los casi 50 miembros habituales de las brigadas y sus colaboradores esporádicos han documentado hasta 47 de estos controles, según consta en su última memoria de actividades. La red social Twitter ha convertido en colaboradores a ciudadanos anónimos sensibilizados con el problema que usan en sus mensajes la etiqueta #stopredadas, entre otros.

El pasado 7 de marzo, el sindicato policial SUP aseguró que, a día de hoy, los agentes siguen recibiendo "órdenes verbales y presiones" para realizar estos controles. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró que tomaría cartas en el asunto para evitar redadas masivas contra inmigrantes. El portavoz de las Brigadas asegura que, una semana después, siguen recibiendo avisos. Solo en lo que va de 2012, aseguran haber recibido 385 avisos, la mayoría de ellos en Lavapiés, Avenida de América, Pacífico, Embajadores y Nuevos Ministerios.

20Minutos.com

Continúa la Caza de "Sin Papeles"

Enfilar la calle Tribulete (Lavapiés) y encontrarse a varios agentes de paisano pidiendo la documentación a marroquíes, senegaleses o bangladesíes es algo relativamente normal. Pero la frecuencia con la que los policías acosan a los inmigrantes –hasta 370 arrestados por este motivo en la región en cuatro días– tiene una sencilla explicación.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció este miércoles que los agentes reciben "órdenes verbales y presiones" para realizardetenciones indiscriminadas de extranjeros por estancia ilegal. Y no es la primera vez que los sindicatos policiales alzan la voz contra estos abusos, tal y como publicó 20 minutos en febrero de 2009.

Es más, en aquella ocasión se supo que los mandos prometían un día libre por cada dos extranjeros identificados y relegaban a los peores turnos a quienes no cumplían los objetivos.

Ahora, tres años después de aquello y tras varios jefes superiores de Policía en el cargo, los cupos continúan y los propios agentes consideran desmesurado y "demoledor" el volumen de detenciones, muchas de las cuales se realizan en las estaciones de metro más céntricas y en los grades intercambiadores de transportes como Sol, Gran Vía, Plaza de España, Pacífico, Plaza de Castilla y Tirso de Molina, entre otras.

Para demostrarlo, el SUP ha elegido al azar cuatro días del mes de febrero –9, 10, 12 y 13– y ha contabilizado los arrestos efectuados por la Policía Nacional en la región. El total asciende a 786 detenciones, de las que 370 fueron provocadas porque las personas estaban indocumentadas y otras 33 fueron detenidas por atentado o resistencia a la autoridad alnegarse a presentar su documentación.

Extranjeros no europeos

"Son detenciones por perfil racial y totalmente discriminatorias", condenaban este miércoles desde el Movimiento contra la Intolerancia. Además, desde esta ONG consideran que "las identificaciones son arbitrarias", ya que la solicitud de la documentación a una persona debe hacerse cuando hay indicio justificado de haber cometido un delito.

Por su parte, la Delegada del Gobierno en la región,Cristina Cifuentes, aseguró este miércoles que solicitará una reunión con el jefe superior de Policía, Alfonso José Fernández, para verificar si se producen identificaciones masivas de inmigrantes, y si es así, saber a qué obedecen y "tomar alguna decisión al respecto".

20Minutos