Los activistas por los derechos humanos ejercerán su labor más tranquilos a partir de ahora, después de que un juzgado haya avalado la labor de un grupo de voluntarios que intentaron documentar un control policial a inmigrantes que tildaron de "racista" en Madrid.
A petición de la Fiscalía, la titular del juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, absolvió este martes a cuatro miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanosque fueron denunciados en 2011 por dos policías nacionales.
Los agentes les acusaron defalta de respeto a la autoridad y desobediencia leve (artículo 634 del Código Penal) cuando los activistas les preguntaron los motivos por los que solicitaban sus documentos de identidad solo a ciudadanos con apariencia de extranjeros, principalmente marroquíes o subsaharianos.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del 24 de noviembre a la salida del metro de Plaza de Castilla, a pocos metros del mismo juzgado donde se celebró la vista este martes. Durante la misma, uno de los policías aseguró que fueron increpados por los voluntarios. También justificó que la retención del joven al que identificaban cuando los brigadistas aparecieron se debía a que los rasgos de este coincidían con los del sospechoso de un robo reciente en la zona.
Los acusados, que estuvieron arropados a las puertas del juzgado por una treintena de compañeros, negaron cualquier insulto a los agentes de la autoridad. Tras oír la decisión de la juez, el colectivo se ratificó en su decisión de seguir documentando unas prácticas que, a su juicio, violan el derecho de constitucional de libertad de circulación. "No se puede identificar a nadie sin motivo ni procedimiento", recalcaron.
Interior negó los controles
El veredicto de absolución supone un hito para las Brigadas Vecinales, ya que la de este martes era la primera denuncia por la vía penal a la que se enfrentaban. "Ya nos habían impuesto sanciones administrativas de entre 300 y 500 euros", explica Javier Carequinha, portavoz del colectivo, a 20minutos.es. La primera de ellas fue en diciembre de 2010 en Lavapiés. En febrero y mayo de 2011, la situación se repitió en la plaza de Oporto.
Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos nacieron en diciembre de 2009 para documentar unos "controles racistas" y posteriores "detenciones preventivas" cuya existencia venía negando el Ministerio del Interior. Los 'puntos calientes' de estas redadas eran las estaciones de metro más céntricas de Madrid y los grades intercambiadores de transportes como Sol, Gran Vía, Plaza de España, Pacífico, Plaza de Castilla o Tirso de Molina.
En marzo de ese mismo año, el secretario de Estado de Seguridad y después ministro del ramo Antonio Camacho admitió que los policías madrileños debían cumplir una serie de cupos de identificación de inmigrantes ilegales para su posterior expulsión del país. Camacho, sin embargo, achacó estas actuaciones a un "error operativo" de "cuatro o cinco comisarías" y aseguró que la situación no se volvería a repetir.
Entre 2010 y el verano de 2011, sin embargo, los casi 50 miembros habituales de las brigadas y sus colaboradores esporádicos han documentado hasta 47 de estos controles, según consta en su última memoria de actividades. La red social Twitter ha convertido en colaboradores a ciudadanos anónimos sensibilizados con el problema que usan en sus mensajes la etiqueta #stopredadas, entre otros.
El pasado 7 de marzo, el sindicato policial SUP aseguró que, a día de hoy, los agentes siguen recibiendo "órdenes verbales y presiones" para realizar estos controles. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró que tomaría cartas en el asunto para evitar redadas masivas contra inmigrantes. El portavoz de las Brigadas asegura que, una semana después, siguen recibiendo avisos. Solo en lo que va de 2012, aseguran haber recibido 385 avisos, la mayoría de ellos en Lavapiés, Avenida de América, Pacífico, Embajadores y Nuevos Ministerios.
20Minutos.com
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