La responsable en funciones del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha propuesto ante el Foro de la Nueva Sociedad una batería de medidas, que a su juicio, deberían adoptarse para mejorar las garantías en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como la sustitución de los policías que los custodian por trabajadores sociales.
Según De Llano, "no se puede tener a la policía todo el día allí dentro", primero pensando en los propios agentes, a quienes "se carga" con una tarea que"no están preparados" para desempeñar y, segundo, porque los internos no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, "como puede pasarle a cualquiera que va a un país en situación irregular", según recogió Europa Press.
La Defensora aclaró que no defiende el cierre de los CIE, que dependen del Ministerio del Interio, sino por su transformación y por el desarrollo de un reglamento o ley reguladora y de garantías que los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE no han acometido desde el año 1999. De ese año data la orden ministerial por la que se rigen actualmente.
"Todos los países tienen centros de internamiento en los que los extranjeros pendientes de expulsión pueden estar más o menos tiempo", apuntó la responsable del Defensor. "En algún sitio habrá que tenerlos, pero el lugar debe estar controlado y tener unas condiciones sanitarias buenas", agregó. Denuncias Los CIE, acumulan denuncias juidiciales y ante el Defensor del Pueblo de ONG como SOS Racismo, Ferrocaril Clandestino o Médicos del Mundo por las condiciones en las que se somete a sus reclusos.
En diciembre de 2011, la ONG jesuíta Pueblos Unidos alertó de situaciones de "maltrato generalizado" y "trato vejatorio" en el centro situado en Aluche, en Madrid capital. Según su informe 'Miradas tras las rejas', elaborado a partir de testimonios de reclusos, familiares y los agentes sociales y abogados que les asistían, las "torturas" y el "maltrato" se repetían con frecuencia.
Entre otras situaciones, la ONG señalaba la existencia de "castigos colectivos" y conductas de abuso como obligar a los internos a pedir permiso a sus vigilantes para ir al baño, ya que no existen urinarios en las celdas. También advertía de la existencia de 'puntos ciegos' donde no existen cámaras de vigilancia que permitan observar a internos y agentes. Una semana después de que el informe se hiciese público, el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid (uno de los tres que actúan en funciones de vigilancia del CIE) emitió un auto en el que reflejó el "palmario hacinamiento" de las celdas y la ausencia de instalaciones médicas.
En opinión del magistrado, las habitaciones de retención eran "absolutamente inapropiadas" para albergar personas enfermas. El auto fue realizado a raiz de la muerte de una de las internas, afectada de meningitis. Falta de asistencia médica Cava de Llano hizo referencia este miércoles a esas denuncias al poner sobre la mesa la necesidad de solucionar la "sobreocupación" de algunos CIE y "la cuestión sanitaria, que deja mucho que desear". Para la responsable, existen carencias como la falta de asistencia durante los fines de semana o la inexistencia de un registro de solicitantes de atención. La titular del Defensor del Pueblo también reclamó la colocación de cámaras de vigilancia "en todas partes para saber lo que está pasando". La inexistencia de las mismas, agregó, ha provocado situaciones como que la institución que encabeza no haya podido comprobar las denuncias de malos tratos en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, porque el lugar donde supuestamente se había producido no tenía video vigilancia.
20 MINUTOS/MADRID
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