miércoles, 8 de febrero de 2012

Una funcionaria admite que cobró por dar papeles a extranjeros para pagar sus deudas


Una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid acusada de facilitar, a cambio de entre 2.000 y 5.000 euros, documentos falsos a veinte extranjeros para que pudieran conseguir permisos de residencia, ha reconocido este miércoles los hechos pero ha alegado que fue porque estaba acuciada por deudas.

En el primer día del juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial, Ana María L.V. ha asegurado que se arrepiente de todo y que "siente mucho" haber llegado hasta "aquí".La mujer ha resaltado que llevó a cabo los hechos por las deudas que tenía, entre ellas, el pago de una hipoteca y lasintervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para perder peso. Por ello, se enfrenta a una pena de doce años de prisión por los delitos continuados de falsedad documental y cohecho.

El Ministerio Público señala en su escrito provisional que Ana María L.V., alteró hasta en treinta ocasiones los datos informáticos de inmigrantes para facilitarles la obtención de permisos de residencia y cobró alrededor de 60.000 euros.

Ana María L.V., ha recordado que entre 2005 y 2007 trabajaba como auxiliar administrativa para el Ministerio del Interior en la Brigada de Extranjería madrileña y que realizó "trámites irregulares para extranjeros" que consistieron en modificar o recoger documentos, necesarios para la obtención del permiso de residencia, sabiendo que éstos eran falsos.

En el banquillo de los acusados también se sientan otras tres personas -Lester Donnie M.L., Virgilio S.L. y Ashley H.P.-, de nacionalidad venezolana, dominicana y cubana, respectivamente, por supuestamente captar a los ciudadanos extranjeros.

Para ellos, el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión por un delito de cohecho, aunque sus letrados han negado "la colaboración activa" con la funcionaria por desconocer su cargo, y "la voluntad de lucrarse".

En cuanto a la quinta procesada, Alejandra L.P., a la que también se pide 5 años de cárcel y que es una abogada experta en temas de extranjería, su letrado ha dicho que no existen pruebas que la incriminen como intermediaria de los inmigrantes haciéndoles creer que la entrega del dinero era un requisito necesario.

20 Minutos

viernes, 3 de febrero de 2012

El Defensor del Pueblo pide que la Policía no gestione los centros de internamiento de extranjeros


La responsable en funciones del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha propuesto ante el Foro de la Nueva Sociedad una batería de medidas, que a su juicio, deberían adoptarse para mejorar las garantías en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como la sustitución de los policías que los custodian por trabajadores sociales.

Según De Llano, "no se puede tener a la policía todo el día allí dentro", primero pensando en los propios agentes, a quienes "se carga" con una tarea que"no están preparados" para desempeñar y, segundo, porque los internos no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, "como puede pasarle a cualquiera que va a un país en situación irregular", según recogió Europa Press.

La Defensora aclaró que no defiende el cierre de los CIE, que dependen del Ministerio del Interio, sino por su transformación y por el desarrollo de un reglamento o ley reguladora y de garantías que los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE no han acometido desde el año 1999. De ese año data la orden ministerial por la que se rigen actualmente.

"Todos los países tienen centros de internamiento en los que los extranjeros pendientes de expulsión pueden estar más o menos tiempo", apuntó la responsable del Defensor. "En algún sitio habrá que tenerlos, pero el lugar debe estar controlado y tener unas condiciones sanitarias buenas", agregó. Denuncias Los CIE, acumulan denuncias juidiciales y ante el Defensor del Pueblo de ONG como SOS Racismo, Ferrocaril Clandestino o Médicos del Mundo por las condiciones en las que se somete a sus reclusos.

En diciembre de 2011, la ONG jesuíta Pueblos Unidos alertó de situaciones de "maltrato generalizado" y "trato vejatorio" en el centro situado en Aluche, en Madrid capital. Según su informe 'Miradas tras las rejas', elaborado a partir de testimonios de reclusos, familiares y los agentes sociales y abogados que les asistían, las "torturas" y el "maltrato" se repetían con frecuencia.

Entre otras situaciones, la ONG señalaba la existencia de "castigos colectivos" y conductas de abuso como obligar a los internos a pedir permiso a sus vigilantes para ir al baño, ya que no existen urinarios en las celdas. También advertía de la existencia de 'puntos ciegos' donde no existen cámaras de vigilancia que permitan observar a internos y agentes. Una semana después de que el informe se hiciese público, el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid (uno de los tres que actúan en funciones de vigilancia del CIE) emitió un auto en el que reflejó el "palmario hacinamiento" de las celdas y la ausencia de instalaciones médicas.

En opinión del magistrado, las habitaciones de retención eran "absolutamente inapropiadas" para albergar personas enfermas. El auto fue realizado a raiz de la muerte de una de las internas, afectada de meningitis. Falta de asistencia médica Cava de Llano hizo referencia este miércoles a esas denuncias al poner sobre la mesa la necesidad de solucionar la "sobreocupación" de algunos CIE y "la cuestión sanitaria, que deja mucho que desear". Para la responsable, existen carencias como la falta de asistencia durante los fines de semana o la inexistencia de un registro de solicitantes de atención. La titular del Defensor del Pueblo también reclamó la colocación de cámaras de vigilancia "en todas partes para saber lo que está pasando". La inexistencia de las mismas, agregó, ha provocado situaciones como que la institución que encabeza no haya podido comprobar las denuncias de malos tratos en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, porque el lugar donde supuestamente se había producido no tenía video vigilancia.


20 MINUTOS/MADRID

lunes, 23 de enero de 2012

Teatro de la Abadía acogerá el martes una obra de Lorca adaptada para discapacitados auditivos o visuales


La obra de García Lorca 'Los sueños de mi prima Aurelia' será accesible para personas con discapacidad auditiva o visual el día 24 de enero a las 20 horas en el Teatro de la Abadía, según han informado la ONCE y el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) en un comunicado.

La obra dirigida por Miguel Cubero no sufrirá cambios. Sin embargo, los diálogos serán proyectados en forma de subtítulos de diferentes colores en la parte superior del escenario para aquellas personas con problemas auditivos.

Además, estas personas dispondrán de bucles de inducción magnética si cuentan con dispositivos de apoyo a la audición como implantes cocleares o audífonos.

Las personas ciegas o deficientes visuales dispondrán de unos auriculares inalámbricos a través de los cuales recibirán la audiodescripción de la obra, es decir, los detalles en cuanto a ambientación, vestuario, acciones y gestos de los personajes, que son proporcionados por un audiodescriptor en directo.

El objetivo del CESyA es estimular, potenciar y asegurar la accesibilidad a los medios audiovisuales de las personas con discapacidad sensorial en diferentes ámbitos: la cultura (cine, teatro y museos), la educación (tanto en actividades formativas como en servicios para las personas con discapacidad en las aulas), la vida social y la comunicación (televisión, web, actos en directo, etc).

Su trabajo lo desarrolla en diferentes dimensiones como la formación, la investigación, la sensibilización social, la normativa y el seguimiento de los servicios de accesibilidad.

En la actualidad los acuerdos y convenios con más de 10 salas teatrales permiten que las personas ciegas y deficientes visuales puedan disfrutar de más de 20 obras al año en ciudades tan diversas como Madrid, Barcelona, Valladolid, San Sebastián, Málaga, Murcia, etc.

El Economista.es

lunes, 16 de enero de 2012

El hombre que dejó tetrapléjico a un ciudadano congoleño sale de la cárcel de permiso


El agresor del congoleño Miwa Buene, quien cumple una condena de 10 años de prisión, ha disfrutado estas Navidades de un permiso carcelario después de haber cumplido la cuarta parte de la condena que se le impuso en 2010 por dejar a Miwa postrado para el resto de su vida en una silla de ruedas.
Gracias a este permiso, Roberto A. salió el pasado 3 de enero de la prisión de Alcalá Meco para reunirse con su familia estas Navidades tras cumplir los requisitos penitenciarios que permiten este beneficio carcelario.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha destacado que, si bien se trata de una medida que pertenece al ámbito de la legislación penitenciaria, esta previsión legal en aras a la reinserción "deja mucho que desear cuando ni siquiera ha pedido perdón a la familia de la víctima".

"Mientras que él disfruta del permiso, Miwa está siendo ingresado cada dos por tres en el hospital por algún problema en algunos de sus órganos", ha recalcado a Europa Press. "Es algo legal, pero éticamente reprobable", ha aseverado.

Roberto A. fue juzgado en junio de 2010. La Fiscalía pedía para él 12 años de prisión por el puñetazo que propinó a Miwa en la nuca el 10 de febrero de 2007 en la calle Río de Tajuña de Alcalá de Henares y que le dejó tetrapléjico.

Según la sentencia, encontraba a las 10.30 horas en la calle Río Tajuña cuando se cruzó con Miwa, a quien pidió un cigarro. El congoleño le contestó que no tenía y acto seguido éste reaccionó de forma violenta, comenzando a insultarle.

Según el fiscal, le manifestó que "vaya hijo de puta, que en este país no había sitio para él, que era un mono y que el único sitio donde podía estar era en el parque zoológico con sus compañeros". A continuación, le propinó de forma sorpresiva un fuerte puñetazo en la nuca y se alejó del lugar al grito "nos están invadiendo, arriba España".

Como consecuencia de la agresión, Miwa se desplomó en el suelo inconsciente. El golpe le produjo lesiones consistentes en fractura-luxación C4-C5 y fractura C6 con lesión medular a nivel C4 y tetraplejia inmediata con gran invalidez, vejiga e intestino neurógeno con incontinencia urinaria y fecal, disfunción erectil, falta de movilidad y de sensibilidad y precisando ayuda de terceros para todas as actividades de su vida diaria y de silla de ruedas para sus desplazamientos. La víctima presenta un trastorno depresivo mayor severo y un trastorno psicótico.

Durante el juicio, el acusado negó haber sido el autor de la agresión. "No soy como me pintan, ni agresivo ni de esa clase de persona. Si lo hubiera hecho me hubiera quedado porque no huyo. Si hago algo, lo tengo que pagar", aseveró ante el juez.

Asimismo, manifestó que tiene "amigos de color" y no discrimina "a nadie por la raza ni el color". "No discutí con una persona de raza negra ni pequé a nadie", apuntó.

20 Minutos

jueves, 29 de diciembre de 2011

La muerte de una inmigrante en el CIE provoca otro auto contra el "hacinamiento" en Aluche


La muerte de una interna en el Centro de Extranjeros de Aluche, dependiente delMinisterio del Interior, ha provocado que el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid haya denunciado en un auto el "palmario hacinamiento" y la ausencia de instalaciones médicas necesarias para tratar a quienes allí se encuentran retenidos.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha confirmado lamuerte el pasado lunes 19 de diciembre de una mujer de 41 años que ingresó en el centro por no tener su documentación y permiso de residencia en regla. La mujer, que podría ser originaria de la República Democrática del Congo, falleció demeningitis después de ser trasladada horas antes al hospital 12 de Octubre.La Policía puso el deceso en conocimiento del juzgado, uno de los tres que se ocupan del control jurisdiccional del CIE. A continuación, y según aseguraron fuentes policiales a20minutos.es, se puso en marcha el protocolo recomendado contra enfermedades infecciosas y se verificó que no se hubiesen producido contagios al resto de las ingresadas en el módulo femenino.El auto judicial, conocido este lunes y avanzado por la Cadena Ser, tiene su origen en la muerte de esta ciudadana. El texto, al que tuvo acceso 20minutos.es, no entra a valorar si la fallecida perdió la vida por falta de atención médica. Sin embargo, sí pone de manifiesto las condiciones en las que viven los extranjeros trasladados al CIE, unas situaciones que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo,Amnistía Internacional, Cruz Roja o la ONG Pueblos Unidos.Instalaciones "absolutamente inapropiadas"El CIE de Aluche, como el resto de los existentes en España, sirve como centro de detención temporal de personas indocumentadas que han agotado sus permisos de residencia o trabajo y han permanecido en territorio nacional o que no cumplen con la Ley de Extranjería.
Instalaciones "absolutamente inapropiadas"El CIE de Aluche, como el resto de los existentes en España, sirve como centro de detención temporal de personas indocumentadas que han agotado sus permisos de residencia o trabajo y han permanecido en territorio nacional o que no cumplen con la Ley de Extranjería.
En sus instalaciones de la Avenida de los Poblados suele acoger hasta a 280 personas en celdas para entre seis y ocho detenidos. Allí permanecen un máximo de dos meses (60 días) hasta que son deportados a su país.Según el juez, las habitaciones del CIE son "absolutamente inapropiadas" para el internamiento de personas, ya que en la mayoría "se carece de cuartos de aseo", por lo que no resulta "extraño" que puedan propagarse "con extrema y alta facilidad" enfermedades infecciosas como la que causó la muerte de la mujer congoleña.El magistrado, incluso, sitúa en un plano de "especial gravedad" el caso de Aluche, en el cual, según narra, ni siquiera existe una habitación de enfermería donde tratar a los aislados.Por todo ello, ordena al director del centro la separación de las internas que hubiesen tenido contacto con la fallecida si así lo establecen los servicios médicos, así como el traslado al hospital de cualquier ciudadano que presente síntomas de alguna enfermedad infecciosa para su correcta atención.Maltrato "generalizado"Para la ONG Pueblos Unidos, el auto judicial no es más que la constatación de los hechos denunciados por los propios inmigrantes y quienes les atienden y que quedaron reflejados en elreciente informe 'Miradas tras las rejas'. En el mismo, la ONG asegura que los internos son sometidos a un "maltrato generalizado" que deriva en situaciones como castigos colectivos, maltrato físico, la privación de salir al patio o la imposibilidad de ir al baño durante la noche.
Cristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos, explicó a20minutos.es que no fue hasta la semana pasada, y a raíz de una comunicación enviada por los tres juzgados que ejercen la vigilancia sobre el CIE, cuando el director del centro autorizó a los policías a sacar de las celdas a los internos durante la noche para que pudiesen hacer sus necesidades."No podemos funcionar a golpe de orden judicial. Se tienen que respetar los derechos y libertades de estas personas", añadió Manzanedo, que recordó que aún hoy los CIE funcionan sin un mínimo reglamento y con opacidad de cara al resto de la sociedad. "La Ley de Extranjería contempla desde 2009 el desarrollo de un reglamento, pero no se ha hecho nada. Todo es arbitrario. Esta es una tarea que reclamamos al nuevo Gobierno", concluyó.
20minutos

martes, 20 de diciembre de 2011

Cientos de personas denuncían la violencia neonazi en Alpedrete


Varios cientos de personas -según los convocantes- han participado en una manifestación iniciada a las 12 horas desde la Plaza Francisco Rabal hasta la Plaza de la Constitución, en el municipio de Alpedrete (Madrid), contra la violencia neonazi.

La manifestación, apoyada por asociaciones y partidos políticos de Alpedrete y de la sierra norte de Madrid, se convoca en respuesta al incidente producido hace un mes y en el que estuvo implicado el actor Willy Toledo. En la presentación del su libro Razones para la rebeldía de Toledo en el establecimiento de Benito Rabal (hijo de Paco Rabal), el actor fue insultado a su llegada por medio centenar de neonazis al grito de 'Viva España' e 'Hijo de puta', además de llamarlo "etarra".

Previamente a la marcha, la estatua que tiene en el municipio Francisco Rabal ha amanecido con pintadas ultraderechistas en la que se podía leer 'Bastardo' o 'Rojo de mierda'.

La manifestación que ha transcurrido con con total normalidad excepto por un intercambio de insultos y en el que ha sido la necesaria la separación por parte de las Fuerzas de Seguridad, ha estado escoltada por un fuerte dispositivo policial compuesto por guardias civiles y la policía local del municipio.

En la lectura del manifiesto, los convocantes ha manifestado que "existe un gran problema de seguridad ciudadana que las autoridades se niegan a reconocer y, por lo tanto, a abordar". De hecho, han considerado que ante la "nefasta actuación política" de los representantes hay "un escenario de intolerancia creciente en Alpedrete".

Al final de la manifestación, se ha celebrado una asamblea entre los participantes.

Público

viernes, 2 de diciembre de 2011

Una treintena de 'neofascistas' intentan 'reventar' un acto de Willy Toledo en Alpedrete (Madrid) al grito de "etarra"

Casi medio centenar de "neofascistas" se han movilizado en Alpedrete para impedir el paso al actor Willy Toledo, que asistía a la presentación de un libro en el Bar 'La Marmita', establecimiento de Benito Rabal (hijo de Paco Rabal), según han informado a Europa Press testigos presenciales.

El grupo de "neofascistas" ha recibido al actor con gritos de 'Que viva España' e 'Hijo de puta', entre otros, además de llamarlo "etarra". Así, minutos antes de su llegada, sobre las 21.15 horas, han desplegado una pancarta con el lema: 'Recuerda las víctimas del terror. Ni olvido ni perdón'.

Además, han fijado pegatinas en la fachada del bar donde se celebraba la presentación. Entre las pegatinas figuraban carteles de la cruz gamada, y frases como 'Os vamos a matar' junto con A.R. (Alpedrete Resiste), la firma de los manifestantes.

Por su parte, el dueño del local ha llamado inmediatamente a la Policía Municipal y a la Guardia Civil. Un total de ocho policías municipales y ocho agentes de la Guardia Civil se han personado en el lugar y han montado un cordón para alejar al grupo radical del bar donde estaba previsto que Toledo presentara su último libro, 'Razones para la rebeldía'.


MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -