La carrera ha comenzado y ya empiezan a aparecer los primeros perjudicados. La Comunidad de Madrid ha aplicado ya una de las medidas más polémicas desde un punto de vista sanitario: impedir que los extranjeros empadronados pero sin residencia legal consigan la tarjeta sanitaria. Con ello les restringe la posibilidad de acceder al sistema sanitario y les deja como única vía ante cualquier problema de salud acudir a urgencias. La medida sigue levantando críticas, como la de los expertos en sida Seisida. Otras víctimas de esta carrera por restringir gastos a corto plazo son algunas prestaciones, como los ambulatorios por la tarde que se cierran o, ya en manos de la Administración central, la clausura de programas de investigación.
La instrucción de la Consejería de Sanidad de Madrid que da el pistoletazo de salida es clara. En una circular fechada el 4 de mayo, 10 días después del real decreto ley que establecía el último paquete de recortes, una Unidad Periférica de Tramitación (UPT) de la tarjeta sanitaria especifica que “no deben iniciarse” las “solicitudes nuevas” de personas “sin recursos” que “carecen de NIE”. Este NIE es el número de identificación de extranjero, el equivalente al DNI para los españoles, que acredita que una persona tiene residencia legal. En la práctica esto supone que los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) ya están sintiendo el efecto de las medidas de recortes de la prestación acordadas por el Gobierno, porque aunque estén empadronados (el requisito que se les exigía hasta ahora), la orden es “no recoger el expediente si no aportan la documentación requerida”, lo que les deja automáticamente fuera del sistema.
La orden interna, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está dirigida a aclarar las dudas de las oficinas que tramitan la tarjeta sanitaria y supone un endurecimiento de la actual reglamentación. Esta, según figura todavía en el Portal de Salud de la Comunidad de Madrid, indica que, para quienes no tengan NIE, basta con “la solicitud cumplimentada y firmada por el usuario que será facilitada en el centro de salud”, el “volante o certificado de su inscripción en el padrón de habitantes del municipio de residencia en la Comunidad de Madrid (original y actualizado)” y la “declaración jurada sobre los ingresos económicos, conforme al modelo que se facilitará en el centro de salud” (al ser personas en situación ilegal no pueden presentar declaración de la renta, ya que no pueden cotizar). Es decir, que el requisito clave era estar inscrito en el padrón, que es lo que ahora se va a suprimir, antes incluso de que haya algún tipo de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno central.
La viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, indica que la instrucción solo pone en marcha lo acordado en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del 20 de abril, y que entró en vigor el 24 de abril. “Por eso hemos emitido la instrucción”, afirma.
Flores explica que hay dos situaciones: por un lado, los extranjeros que, aunque estén en situación irregular, sí que tienen tarjeta sanitaria porque estaban empadronados. “A estos se les quitará el 31 de agosto, que es lo que establece el decreto”, afirma. La diferencia con los otros a los que se les va aplicar la circular es que se trata de “solicitantes de tarjeta nueva”, añade.
El impacto de la medida no está claro. En enero de 2012 había en Madrid, según datos del Gobierno autónomo, 1.047.174 extranjeros empadronados —algo más del 16% de la población—, de los que 902.816 tenían tarjeta de residencia. Eso quiere decir que la medida puede dejar fuera del sistema sanitario a 144.358 personas en Madrid, que es la diferencia entre los empadronados y los que tienen la tarjeta. La Consejería de Asuntos Sociales, que es la que aporta los datos, no da el desglose entre los que tienen recursos y los que no, con lo que no se puede saber el impacto real de la decisión.
Eso sí, el número de inmigrantes —tanto en Madrid como en el resto de España— está en descenso desde 2010. Ese año se alcanzaron en Madrid casi 1.119.000 extranjeros empadronados. Desde entonces su número desciende, ya sea porque vuelven a sus países por la crisis o porque se nacionalizan por arraigo, y es posible que parte de las bajas no estén reflejadas en el padrón, con lo que la cifra de afectados podría ser menor.
La restricción al acceso sanitario de los inmigrantes en situación irregular (sin NIE) es uno de los aspectos que más preocupa a los expertos en salud pública, ya que esta población sufre en mayor medida casos de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o el VIH, por lo que dejarles fuera del sistema puede dificultar el control general de estas afecciones. Pero también hay otras condiciones crónicas que se quedarán sin tratamiento, desde cánceres a diabetes. La ministra de Sanidad, Ana Mato, mencionó al defender la medida que podría ahorrar unos 500 millones, aunque la posterior memoria económica del real decreto no la recogía. Sí que mencionaba los 971 millones que se podrían ahorrar por la atención a europeos comunitarios, cuya atención no era facturada a sus países, según reflejaba un estudio de 2009 del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, en el documento se especifica que, “hasta que no se publique cómo llevarlo a cabo”, los mayores de 26 años deberán seguir recibiendo asistencia como hasta ahora. Esto es así, afirma Flores, porque todavía no está establecido el sistema de conexión con la Seguridad Social, que es el que deberá fijar quiénes de ellos tienen que acudir al sistema de acceso a la tarjeta para persona sin recursos. En este caso, Madrid sí va a esperar a las instrucciones del Gobierno.
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